Los socios del Govern de Junts pel Sí (JxSí) se han conjurado para organizar bajo la máxima discreción posible el referéndum por la independencia de Cataluña. Cuando esa ley del silencio autoimpuesta se rompe, el Ejecutivo de Puigdemont evidencia en público la división con la que PDeCAT y ERC conviven en la Generalitat los meses más determinantes del proceso soberanista. Unas declaraciones ayer de la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, sobre la posible contratación de desempleados para la consulta volvieron a sacar a la luz esas grietas.
Rovira aprovechó una entrevista radiofónica para anunciar que el uso de parados es una de las medidas que el Govern estudia para ejecutar el referéndum. «Se ha hecho en muchas elecciones y es legal: se abre una bolsa de parados y la gente que está en las mesas de forma voluntaria participa de las elecciones», resumió en Rac1 la también portavoz en el Parlament de Catalunya de Junts pel Sí. La republicana dijo también que se trata sólo de una más de las opciones que baraja el Govern, que analiza las elecciones celebradas a lo largo de los últimos 30 años para buscar fórmulas que les permitan llevar a cabo la votación.
Las palabras de Rovira sobre los desempleados cayeron como un jarro de agua fría en el seno del Govern. De forma especial entre los ocho miembros del PDeCAT –Puigdemont incluido– que durante la reunión del Consejo Ejecutivo decidieron que la portavoz del Govern, Neus Munté, desautorizara a la republicana públicamente. No tardó ni una hora y media en hacerlo.
Ante las primeras preguntas de los periodistas, Munté no se limitó a negar que el Govern contemple la opción de movilizar a desempleados. También dejó entrever que Rovira, pese a ser la número dos de ERC y una de las principales estrategas del partido, no tiene potestad para hablar sobre los planes del Govern en torno al referéndum. «No me consta que se esté analizando [la bolsa de desempleados]» reiteró durante su comparecencia la también consellera de Presidencia, que limitó la idea a una propuesta «legítimamente planteada por una representante de una formación política». Sobre la autoridad de Rovira sobre el referéndum, Munté fue también tajante: «De lo que hace o deja de hacer el Govern informa el Govern de la Generalitat».
Munté dedicó gran parte de su comparecencia en escenificar el secretismo con el que el Govern ha cubierto el referéndum. Tras desautorizar a Rovira, se negó a dar ningún detalle sobre cómo se organizará una consulta vetada por el Tribunal Constitucional, aunque advirtió que el Govern «tiene la responsabilidad de analizar diferentes escenarios». Tampoco quiso explicar cómo prevén evitar que haya consecuencias judiciales contra los funcionarios que colaboren en la celebración de la consulta independentista. Munté se limitó a garantizar a los trabajadores públicos que la Generalitat garantiza su «protección» y su «seguridad» ante los tribunales. Ni una palabra sobre cómo lo harán.
El Govern justificó también su postura de esconder sus cartas porque el Gobierno del PP, bajo su punto de vista, actúa de la misma forma. «No nos consta que el Gobierno del Estado explique sus estrategias públicamente con relación al proceso que vive Cataluña. ¿Por qué tendríamos que hacerlo nosotros?»