ABC 27/02/17
· Arranca hoy su proceso por desobediencia al «potenciar» la votación prohibida en 2014
El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, redobló ayer su presión a la Justicia en la víspera de ser juzgado por el Tribunal Supremo por impulsar la consulta del 9-N de 2014. En una rueda de prensa calculada, Homs afirmó que si el proceso judicial por el 9-N acaba en condenas será «el fin del Estado español», porque se verá que «la democracia puede ser castigada con el Código Penal».
«Si hay una respuesta penal ante un proceso cívico, democrático y pacífico, es el fin del Estado español. Si debe acabar respondiendo por la vía penal, es que el Estado español se ha perdido y ha perdido», advirtió. Tras estas declaraciones, la portavoz del gobierno autonómico, Neus Munté, prosiguió su cerco a la Justicia al considerar que en el juicio «se persiguen maneras de pensar e ideologías».
Con esta jornada previa caliente desde Barcelona, el soberanismo tratará de organizar hoy una nueva demostración de fuerza y presión sobre los magistrados, en la primera jornada del juicio a Homs. Se trata de la misma causa por la que hace dos semanas se juzgó a Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo tiene la competencia para juzgar a Homs por su condición de aforado, una garantía que le corresponde por ser diputado del Partido Demócrata de Cataluña, la antigua Convergència.
Siete magistrados del TS
Siete magistrados del Supremo (dos más de lo habitual) resolverán si Homs delinquió al «impulsar» la consulta soberanista del 9-N, en la que la Generalitat planteó un referéndum encubierto por la independencia de Cataluña, a sabiendas de que desobedecía al Tribunal Constitucional. La Fiscalía acusa al diputado del PDECat de «impulsar activamente los trabajos preparatorios» para la celebración de dicha consulta. El Ministerio Público, que pide para él 9 años de inhabilitación para cargo público, califica de «crucial» la participación de Homs.
Ninguno de los dos delitos que la Fiscalía atribuye a Homs –prevaricación y desobediencia grave– acarrea penas de prisión, como sí sucede con el delito de malversación, que estuvo sobre la mesa al inicio de la investigación al antiguo consejero de Presidencia de la Generalitat. Según el Ministerio Público, Homs no solo no frenó la preparación de la consulta ilegal, sino que la potenció.
El diputado convergente, entonces el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, dio luz verde a la continuación de los trabajos informáticos necesarios para celebrar el 9-N, incluso a pesar de que la empresa encargada de ello preguntó si debía seguir adelante tras la suspensión del Tribunal Constitucional. El departamento dirigido por Homs también contrató la campaña publicitaria y un pabellón para que se ubicara la prensa internacional para seguir la jornada.
Los actos y las omisiones de Homs, concluye la Fiscalía, provocaron «la total ineficiencia» de la suspensión dictada por el TC, que comunicó a la Generalitat y a su entonces presidente, Artur Mas, su decisión por cauces oficiales y por correo.
La trama del 3 por ciento
En la vista oral, que se celebrará desde hoy hasta el miércoles, también declarará Mas, ya juzgado por estos hechos en el TSJC, esta vez como testigo. Su testimonio está previsto para la última hora del martes por la tarde. No testificarán ni Mariano Rajoy ni el ministro de Justicia Rafael Catalá, como solicitó la defensa de Homs. El tribunal rechazó su comparecencia porque «la valoración política de los hechos asumida por los miembros del Gobierno de la nación no forma parte del proceso».
Conscientes de que las causas judiciales contra sus líderes son ahora el mayor aglutinador del soberanismo, el PDECat y el resto de partidos y entidades secesionistas tratarán de reproducir en Madrid, aunque a una escala menor, la movilización que ante el Palacio de Justicia se produjo en Barcelona en el inicio del juicio por el 9-N. Todo ello, coincidiendo con las nuevas revelaciones de la trama del 3 por ciento de la antigua Convergència. Informaciones a las que Francesc Homs no dio «ninguna credibilidad».