ABC-IGNACIO CAMACHO
Al escamotear la rebaja del IVA en sus precios, los cines la han convertido en una subvención por método encubierto
LA bajada del IVA en las entradas del cine –que no en la cadena de valor de su producción– fue una reivindicación del sector que le dio pretexto para convertir varias ediciones de los premios Goya en vistosos apóstrofes al Gobierno. Al Gobierno del PP, por supuesto, declarado culpable de todos los males que acaecían a la industria cultural y la alejaban del modelo europeo. A los seis años, el ministro Montoro cedió a la presión y decidió bajar el impuesto, detalle que no tuvo por cierto con tantos otros colectivos laborales y empresariales sometidos por su implacable política fiscal a un extenuante esfuerzo. La moción de censura de Sánchez lo dejó sin medalla y fueron los socialistas quienes sacaron pecho por la rebaja ante un colectivo profesional que siempre les ha prestado su aliento. Pero he aquí que, consumada la reducción e incluida en la ley de Presupuestos, la mayoría de las salas no la ha repercutido en sus precios, embolsándose los exhibidores el importe de un descuento que, según las ciudades y los locales, debería oscilar entre cincuenta y noventa céntimos. El gran obstáculo al desarrollo de la cinematografía nacional, el que obstaculizaba su normal desarrollo e impedía que los españoles disfrutasen de su genio, era un cuento ante el que el propio ministro de Cultura se ha visto obligado a fruncir el ceño. Y su retirada no ha servido hasta ahora más que como subvención encubierta para incrementar beneficios directos. Sólo que como ya no manda la odiosa derecha no hay vestiduras rasgadas ni firmas de manifiestos.
Hay, sin embargo, un aspecto colateral en la cuestión que exige un enfoque más amplio. Cuando el Ministerio se sorprende de que los cines no hayan trasladado la bonificación del IVA a sus parroquianos es porque entiende que cualquier corrección impositiva de un producto o de un servicio acaba afectando a los usuarios. Si eso es así a la baja se supone, como señala el economista Juan Ramón Rallo, que en pura lógica también ocurrirá en sentido contrario, en el caso de nuevas tasas y recargos; de tal modo que serán los clientes y empleados quienes, aunque el Gobierno lo niegue, soportarán el impacto del canon ecológico, del de las grandes empresas o del planeado tributo a los bancos. Así funciona el sistema, para lo bueno y para lo malo: los impuestos forman parte de los costes y por tanto siempre encuentran al mismo pagano. El dinero de la recaudación del Estado sale del bolsillo de los ciudadanos, sea en su condición de consumidores o en la de contribuyentes por las rentas del capital o del trabajo.
Como el cine goza de buena reputación y amplio acceso a los medios, su queja corporativa, finalmente tramposa, ha surtido efecto. Quizá no tengan tanta suerte los titulares de cuentas, los solicitantes de préstamos, los compradores de coches diésel o los trabajadores que carecen de tan persuasivo poder plañidero.