El Gobierno alemán, por el contrario, ha cometido una injerencia inadmisible en democracia e inaceptable entre socios europeos: la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barlay, expresó el viernes en una reunión con periodistas que la decisión judicial es “absolutamente correcta, esperada” y que Puigdemont vivirá ahora “libre en un país libre”, en referencia a Alemania. Una salida de tono tan evidente que el Gobierno alemán se vio obligado ayer a empeñarse a fondo para rebajar la tensión con España. La ministra telefoneó a su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar lo que consideró un “malentendido”. Y un portavoz del Gobierno alemán subrayó que el “conflicto debe resolverse en el marco de la Constitución”.

El Ejecutivo español no ha sido eficiente en la batalla por la opinión pública europea, atraída por el discurso victimista del independentismo y el espantajo del pasado franquista que algunos agitan interesadamente. Pero lo que no puede permitirse —además— es que Gobiernos aliados como el alemán cuestionen el funcionamiento de la democracia y las instituciones en España. Que esto haya ocurrido es un signo de debilidad de nuestra diplomacia. La única respuesta conocida ha sido la carta —pobre recurso— que la embajadora de España envió a Süddeutsche Zeitung, el diario que publicó los comentarios de Barlay. La embajadora explica al público alemán que no se trata de un conflicto entre España y Cataluña, sino entre catalanes independentistas y no independentistas. Las apelaciones al diálogo que ayer formuló el portavoz parlamentario del SPD están fuera de la realidad. Es un fallo del Gobierno haber permitido que la demagogia populista que emplean los independentistas haya recabado tantos apoyos en Europa.

La decisión del tribunal regional alemán ha abierto un debate sobre el funcionamiento de la euroorden y sobre la actuación de unos jueces que en lugar de actuar desde el principio de confianza mutua han entrado a calificar los hechos desde los parámetros opuestos. Ese debate deberá resolverse por la vía judicial. Pero lo que ya es intolerable para la higiene democrática de los socios europeos es el juicio político a un procedimiento judicial por parte del Gobierno de un país donde el independentismo, además, está prohibido.