Interior da casi tres millones a amenazados por ETA que tuvieron que huir del País Vasco

EL CONFIDENCIAL 15/02/17

· El ministerio ha entregado ya ayudas económicas a 142 desplazados por culpa de la banda terrorista y tramita otras 17 peticiones de ciudadanos que tuvieron que dejar sus casas

El Ministerio del Interior ha concedido ya 2,63 millones de euros en ayudas a las personas que fueron amenazadas por la banda terrorista ETA y tuvieron que abandonar sus casas para salvaguardar su integridad en otros lugares. Todas ellas dejaron atrás sus raíces, sacaron a sus niños de los colegios a los que habían ido desde pequeños e incluso abandonaron sus puestos de trabajo para buscarse la vida en un sitio más seguro, donde nadie les identificara con gente contraria a los parámetros etarras. En ocasiones, sus nuevos destinos se encontraban en su propia provincia, aunque a varios kilómetros de distancia. Otras veces, sus futuros hogares estaban fuera del País Vasco.

Madrid, Andalucía, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana han sido los objetivos más recurrentes. Allí viven hoy miles de personas que huyeron de sus hogares por la amenaza de ETA. Según estimaciones del informe ‘Proyecto retorno’, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología en 2011, la cifra de expulsados por la banda terrorista se sitúa entre 60.000 y 200.000 personas, una cantidad calculada con base en estudios del economista Julio Alcaide, en los censos de población, en fuentes policiales y en expedientes del Consorcio de Compensación de Seguros. “De ellos, no sabemos cuántos querrían volver, adónde exactamente, en qué momento y en qué condiciones”, apuntó el documento.

Lo que está claro es que muchos de estos huidos tuvieron que malvender sus casas y alquilar o comprar lo que primero pillaron donde buenamente pudieron, buscar refugio para sus hijos en colegios privados, blindar las puertas de sus nuevas viviendas e incluso someterse a tratamientos psicológicos después de tener que dejar los que habían sido sus empleos de toda la vida, algunos de los cuales eran negocios que habían tenido que levantar con el sudor de su frente y largas noches sin dormir.

Desde 2014, sin embargo, el Estado trata de compensar en forma de ayuda monetaria lo que todos ellos tuvieron que sufrir en la soledad de sus familias. Un total de 142 desplazados han recibido ya algún tipo de subvención para resarcir el dinero que desembolsaron en las mencionadas necesidades que afrontaron al rehacer sus vidas, según explica la responsable de tramitar las ayudas, la directora general de Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, quien añade que actualmente su departamento está gestionando otros 17 casos de desplazados que abandonaron el País Vasco por las amenazas de ETA.

Su objetivo es que la existencia de estas asistencias económicas se conozca cada vez más, con el fin de que los que fueron expulsados por los terroristas y su entorno las reclamen. Ellos mismos o sus familias, ya que —como admite Ramos— en no pocos casos ha fallecido ya la persona que huyó como consecuencia de las amenazas y las ayudas las está concediendo la Dirección General de Víctimas a sus familias.

La cifra de peticiones se incrementa muy poco a poco, debido precisamente a que la mayoría de desplazados desconoce la existencia de estas ayudas. No en vano, el pasado verano, durante su intervención en un curso celebrado en El Escorial —en el marco de los seminarios estivales de la Universidad Complutense de Madrid y organizado por la asociación Dignidad y Justicia—, Ramos aseguró que la Dirección General de Víctimas había tramitado las primeras ayudas —algo más de un centenar— tras otras tantas reclamaciones de personas que huyeron del País Vasco como consecuencia de la amenaza de ETA.

La estimación del Instituto Vasco de Criminología sobre el número de desplazados también será concretada con mayor rigor por el Ministerio del Interior. En concreto, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha encargado un estudio a la Fundación Centro Memorial de Víctimas para que determine la cifra real de amenazados que tuvieron que abandonar su hogar por la intimidación de ETA, un número que ayudará a tramitar también con más fiabilidad las compensaciones económicas.

El trabajo de la fundación se encuadra en el objetivo que tiene Interior de asentar la memoria de las víctimas del terrorismo como modo de reconocimiento a su sufrimiento y a la realidad histórica, una iniciativa que tiene otras consecuencias, como la adaptación del desarrollo curricular y de los libros de texto de primaria, secundaria y bachillerato al relato de lo que ocurrió desde el punto de vista de la verdad y de las víctimas. En este último contexto, los ministerios de Educación e Interior trabajan ya en la elaboración de los programas de historia de ETA y de las víctimas que se incluirán en todas las asignaturas de las mencionadas etapas educativas a partir del próximo curso escolar.

En la misma línea, la asociación Dignidad y Justicia ha reclamado al Congreso de los Diputados que tramite una proposición de ley que reconozca a España como el país de la Unión Europea con mayor número de desplazados internos, ciudadanos expulsados de un territorio que tienen que trasladarse a otro para evitar una amenaza, debido precisamente a la elevada cantidad de personas que tuvieron que huir del País Vasco por culpa de ETA. La iniciativa parlamentaria obligaría a los ayuntamientos a poner calles con nombres de víctimas como modo de reconocer públicamente a los héroes de la democracia o crear un catálogo de lugares de la memoria que recuerde a los asesinados.