ABC – 19/07/16
· Acercamiento a los antisistema a dos meses de la cuestión de confianza.
A dos meses de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, se someta a una cuestión de confianza determinante para el futuro del proceso soberanista, el grupo de Junts pel Sí dio ayer un importante paso para acercarse a la CUP, aceptando incluir la «unilateralidad» para consumar la ruptura con España. Pese a ello, y en un manejo lingüístico ya consustancial al proyecto independentista, ni se concreta ni se define en qué consiste esa unilateralidad, aludiendo simplemente a un «mecanismo unilateral de ejercicio democrático», que en cambio la CUP sí tiene claro que se trata de la convocatoria de un referéndum sin la autorización del Estado.
El nuevo paso adelante de los partidos secesionistas se produce en el marco de la ponencia parlamentaria del Proceso Constituyente, que ayer celebró su última sesión con la aprobación de la propuesta de conclusiones. Pactado entre Junts pel Sí y la CUP, el documento viene a ser una reformulación de la llamada «hoja de ruta», y explica que «tras la fase de participación ciudadana, se completará la desconexión con la legalidad española a través de la aprobación de las leyes de desconexión», entre las que está, de manera singular, la ley de transitoriedad jurídica.
Tras esas leyes, cuya aprobación se prevé en el último pleno de la legislatura, Junts pel Sí y la CUP sitúan ese «mecanismo unilateral» que, señalan, servirá para «activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente», llamada a redactar la futura constitución de la república catalana. No queda claro si se trata del referéndum que exigen la ERC, la CUP y la ANC, o del decreto de convocatoria de unos nuevos comicios autonómicos.
«No impugnables»
En una nueva e irreal reescritura de la realidad jurídica en la que vivimos, los dos grupos sostienen que «las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal». Del mismo modo que en la declaración del 9-N, tumbada por el Tribunal Constitucional, se señalaba que en adelante el Gobierno catalán no debía atender otro mandato que no fuese el del Parlament, las conclusiones que ahora se aprobarán en el pleno señalan que las decisiones que adopte la futura asamblea constituyente «serán de obligado cumplimiento para el resto de poderes públicos, personas físicas y jurídicas». Esa misma asamblea es la que debe redactar la constitución que luego, en lo que el secesionismo entiende que es el último estadio de la ruptura de Cataluña con España, será sometida a referéndum.
El texto acordado, y en contradicción con un discurso de Junts pel Sí que sostiene aún que quiere negociar hasta el final con el Estado, parte de la premisa de que «actualmente, no hay ningún margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán».
De igual forma, y en lo que es casi una sonrojante demostración de que el texto, como el del 9-N, es de inspiración CUP, el mismo incluye que todo el proceso debe incorporar la «perspectiva de género de una manera transversal y con estrategia dual», de modo que el «proceso constituyente lo sea también para todas y para todos».
En cualquier caso, el paso adelante dado por Junts pel Sí en el camino de la unilateralidad es la constatación de que la antigua CDC –ahora, de manera provisional, Partit Demòcrata Català– está decidida a fiarlo todo al apoyo de los antisistema. La posibilidad de intentar abrir la mano para incorporar al proceso a Catalunya Sí que es Pot, como había insinuado Carles Puigdemont después del veto de la CUP a los Presupuestos, se desvanece. «Esto no va a ninguna parte», apuntó el presidente del grupo de los «comunes», Lluís Rabell.
El diputado del PP Santi Rodríguez, por su parte, constató que la comisión sólo ha servido al «proyecto político» de JpS y CUP. Ciudadanos y PSC no participan en la misma.
ABC – 19/07/16