ABC-IGNACIO CAMACHO

Los constitucionalistas han sido recluidos en un gueto moral que los cosifica y desposee de legitimidad democrática

EXISTEN ciertos conceptos que deberían quedar por encima de la confrontación política incluso en un período tan éticamente relajado como una campaña. La dignidad democrática, por ejemplo, o la preservación del espacio común de la libertad. Así fue durante el tiempo ahora vilipendiado de Suárez, González y Aznar, el de los consensos de Estado, pero la época de Zapatero introdujo un sesgo de dogmatismo sectario según el cual la derecha carecía de legitimidad histórica para merecer amparo. El otorgamiento a Otegi del estatus de «hombre de paz», las negociaciones de Carod Rovira en Perpiñán o el Pacto del Tinell desplazaron sobre liberales y conservadores el estigma de repudio decretado por quienes se consideraban a sí mismos el bando correcto de la Historia. Ese designio discriminatorio ha vuelto a imponerse una vez exorcizado el demonio sociológico que otorgó a Rajoy la anomalía de una mayoría y media. La izquierda y el nacionalismo, en sus diferentes variedades, han asumido la interpretación exclusiva –y excluyente– del derecho de ciudadanía, y por tanto la potestad de concederlo o retirarlo. Con Sánchez al frente, el bloque de la moción de censura ha consumado la paradoja que dibujó el zapaterato: el ostracismo de los partidos constitucionalistas, su expulsión de facto fuera del marco que la propia Constitución fija para el ejercicio de las libertades públicas. Su cosificación y confinamiento en un gueto moral del que previamente han sido rescatados los legatarios de ETA, los radicales antisistema, los populistas bolivarianos o los rebeldes autores de un levantamiento contra el Estado.

Ése es el fondo del acoso violento a los actos electorales del PP, Cs y Vox y, sobre todo, de la indiferencia en la reacción del resto de los actores políticos y sus partidarios, que oscila entre rutinarias condenas de boquilla –en el caso del presidente, ni eso a la hora de redactarse estas líneas– a acusaciones de provocación por la osadía de ejercer la libertad de reunión y expresión en territorios vedados. A quién se le ocurre, hombre, si es no con aviesas intenciones, ir a dar mítines en el País Vasco o en la universidad catalana, esos cosmopolitas ámbitos de pluralismo. Ya es bastante ejemplo de tolerancia que se le permita al «trifachito» recorrer los feudos de la España cavernícola que pronto serán liberados de su tara por el benéfico progresismo frentepopulista. Pero fuera del corralito, de la aljama ideológica, no tienen permiso y se exponen a la justa ira de los creyentes en la fe verdadera de la España plurinacional, feminista, autodeterminista, etcétera. Que se vayan al Valle de los Caídos, mientras puedan.

Fuera de bromas –ojalá se tratase sólo de eso–, esto es lo que está en juego: la nación de ciudadanos libres e iguales, la convivencia como espacio de encuentro. Y duele que ya no sea posible contar con el PSOE para defenderlo.