Según fuentes de esta instancia, estas órdenes de detención de los integrantes del grupo terrorista colombiano están vivas. En concreto, son cinco los nombres que figuran en estas órdenes de detención. El más llamativo, el de Luciano Marín Arango, Iván Márquez, su alias en las FARC. Miembro del secretariado desde 1991, está considerado el número dos de la guerrilla, por detrás de Timochenko, y forma parte de la delegación que ha negociado con el Gobierno de Colombia.
Estas fuentes explicaron que esta orden de detención fue dictada en marzo de 2010 por parte del juez instructor Eloy Velasco. El magistrado tenía abierto un sumario en el que investigaba las relaciones entre dirigentes terroristas de las FARC y de ETA. Las pesquisas sobre estos vínculos se pusieron en marcha tras la iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia después de que se conocieran los mensajes entre ETA y la guerrilla suramericana que aparecieron en el ordenador del que fuera dirigente terrorista colombiano Raúl Reyes.
El magistrado entendió, incluso, que del material que le estaba llegando de las Fuerzas de Seguridad del Estado se desprendía que estos vínculos terroristas contaban con la colaboración del Ejecutivo venezolano, entonces presidido por Hugo Chávez. «Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA», apuntaba el escrito judicial.
Velasco procesó por diferentes delitos terroristas de seis presuntos miembros de ETA y de siete de las FARC. Tres de los etarras procesados residían en Cuba, otro en Venezuela, uno más en México. El sexto, en paradero desconocido.
En concreto, los miembros de las FARC procesados eran Emiro del Carmen Ropero Suárez (Rubén Zamora, jefe del Frente 33), Rodrigo Granda Escobar (responsable de relaciones internacionales), jefe del Bloque Caribe e interlocutor del presidente venezolano, Hugo Chávez), Omar Arturo Zabala Padilla (representante de las FARC en Suiza), Víctor Ramón Vargas Salazar, Edgar Gustavo Navarro Morales y el ya citado Iván Márquez. De estos procesamientos aún quedan vigentes cinco órdenes internacionales de detención, según detallaron fuentes de la Audiencia Nacional.
El magistrado se declaró competente en diciembre de 2008 para investigar la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra miembros de ETA y de las FARC. Según estas investigaciones, los colombianos pidieron ayuda a ETA para atentar en España contra los ex presidentes de su país, Álvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana, así como contra otros dirigentes sudamericanos.
Además, el magistrado entendió que militares venezolanos escoltaron a etarras que iban a impartir cursillos a las FARC en 2007. Detalló que en 2000 dos miembros de las FARC se trasladaron a España para realizar vigilancias sobre la embajada de Colombia y pidieron «colaboración» a miembros de ETA. La conclusión que sacó Víctor Ramón Vargas Salazar tras esos viajes es que «no sería difícil atentar si contaban con la ayuda de ETA». Todas las investigaciones concluyeron que ETA realizó de manera periódica ayudas a los terroristas de las FARC, en cuanto a realización de cursillos, aportación de material y personal para impartir dichos cursillos.
Los contactos entre ambas organizaciones se remontaban a 1999. Han compartido conocimientos técnicos en materia de armas y explosivos. Etarras adiestraron a las FARC en la activación de explosivos por teléfono móvil. Las FARC proporcionaron a los etarras conocimientos y apoyo logístico para cobijarse en diferentes países sudamericanos. Durante años, los terroristas colombianos les proporcionaron cobijo y adiestramiento en campamentos próximos a la frontera con Venezuela.