Hace 12 años, cuando el Parlament debatía la reforma del Estatut, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, aseguró que el «problema» de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) «se llama 3%», en alusión al cobro de comisiones. La declaración provocó un terremoto político y Artur Mas, entonces en la oposición, obligó a Maragall a retirar la acusación. Ahora, pasado todo este tiempo, ayer se produjo por primera vez una contundente confesión ante un tribunal que confirma lo que se sugirió aquel día: que CDC cobraba comisiones a cambio de adjudicar obra pública.
En efecto, pese a las incriminaciones políticas y los numerosos procedimientos judiciales abiertos, hasta ayer nadie se había atrevido a asegurar de forma pública y con firmeza que CDC cobraba comisiones de constructoras por adjudicaciones. Y quien lanzó la acusación no es un cualquiera, sino el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, un hombre del círculo de poder catalán, y en el mejor escenario posible: su declaración en el juicio sobre el expolio de la institución cultural.
«Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergència a cambio de obra pública. No lo dije en mi confesión anterior (de 2009) pero esta es la verdad», afirmó Millet. Según detalló, el porcentaje de la comisión era un 4%, que se repartía así: un 2,5% para el partido, un 1% para él y un 0,5% para su número dos, Jordi Montull.
Millet no concretó el tiempo que duraron estas comisiones irregulares a CDC, aunque dijo que los pagos fueron durante «muchos años» y por numerosas adjudicaciones. También indicó que al principio entregaba dinero en persona al entonces tesorero de CDC, Carles Torrent, y que cuando éste falleció fue Montull el que se encargó de los contactos con su sucesor, Daniel Osàcar, también procesado. El ex presidente del Palau destacó que habló de estas mordidas con el fundador de Ferrovial, Rafael del Pino, también fallecido, y que la cantidad la pactaban entre la constructora y CDC.
En un comunicado, Ferrovial Agroman afirmó ayer que el patrocinio entregado al Palau «siempre fue público y se obtuvieron las contraprestaciones habituales en este tipo de actividad cultural» y añadió que «las adjudicaciones se realizaron a la oferta con mejor valoración económica y puntuación global». Por eso, mantiene que la empresa «practica una política de tolerancia cero con la corrupción».
La confesión de Millet se limitó al escrito de las acusaciones y no señaló a ningún cargo de CDC, pese a que el fiscal Emilio Sánchez Ulled le preguntó por el ex diputado Jaume Camps, que está citado como testigo, y por Germà Gordó, ya que el ex presidente del Palau tenía apuntada una entrevista con él en su agenda.
Millet desveló que el «Daniel» que aparece en la documentación requisada en el Palau hace referencia al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, aunque remarcó que era Montull quien hablaba con él. También indicó que el Palau firmó un convenio con la fundación de Convergència para el traspaso de dinero.
Además de confesar estas comisiones ilícitas, el acusado también reconoció el desvío de dinero del Palau para hacer obras en su casa y gastos privados como la boda de sus hijas, además de compras o viajes personales. Afirmó en varias ocasiones que cometió «un error brutal» del que está muy arrepentido y aseguró que ha puesto a disposición del juzgado más de seis millones de euros en metálico y todo su patrimonio, valorado según él en unos 15 millones de euros.
Pese a que no dio detalles sobre el entramado financiero –ya que de eso se ocupaba Jordi Montull, dijo–, Millet destacó que los dos jefes del Palau se repartieron un millón de euros de un bono a través de sociedades para pagar menos impuestos. El procesado dijo que en la caja fuerte guardaba mucho dinero suyo de operaciones inmobiliarias.
Aunque la confesión de Millet fue inesperada no fue ayer la única que implicó a CDC en el cobro de comisiones irregulares. Tal y como estaba previsto, después de alcanzar un acuerdo verbal con la Fiscalía, Gemma Montull, ex directora financiera de la entidad, explicó que pasaba a limpio las notas de su padre, Jordi Montull, sobre los pagos de Ferrovial a Convergència y que la situación «era algo normal» desde muchos años antes que ella entrase a trabajar en la institución.
Explicó que, meses antes del registro del Palau por orden judicial, Hacienda abrió una investigación para determinar el movimiento de billetes de 500 euros que salían de pagos en efectivo de cuentas de la institución cultural. La procesada se reunió en el despacho de abogados Bergós junto con Millet y Montull para buscar una solución y los principales responsables del Palau justificaron esas salidas, ya que eran las entregas a Convergència, además de pagos en negro a trabajadores de la entidad.
«Mi padre me dijo que Millet se puso en contacto con CDC y supongo que les diría que tenían un problema», afirmó Gemma Montull, añadiendo que unos días después Jordi Montull le entregó facturas falsas de dos sociedades para presentarlas ante Hacienda. «Le pregunté de dónde habían salido y me dijo que se las había dado Osàcar», el tesorero de Convergència, dijo la procesada, quien reconoció que los documentos estaban guardados en el Palau como «factures convergents».