Editorial-El Mundo

   LA NECESIDAD de enmendar la Constitución se ha convertido en un mantra que, por desgracia, algunos dirigentes invocan como si se tratara de un bálsamo de Fierabrás con el que remediar milagrosamente los problemas más serios de nuestro país. 

Lo cierto es que la Ley Fundamental no es un fósil. Y, 39 años después de su aprobación, bueno sería que nuestra clase política estuviera a la altura para consensuar algunos cambios imprescindibles para actualizar un texto que, pese a todo, mantiene una indudable vigencia y nos sigue permitiendo disfrutar del periodo más próspero de la Historia. Pero abrir el melón constitucional no es cosa baladí. Y no sólo exige una amplia unidad, sino que debe ir precedido de un gran acuerdo sobre qué es lo que se quiere reformar y para qué. De lo contrario, no sólo estaríamos ante un debate estéril, sino que, lo que es peor, contribuiría a dar alas a quienes ven en la voladura de la Carta Magna la oportunidad para acabar con este proyecto compartido de ciudadanos libres e iguales que es España. 

La ciudadanía demuestra en este asunto mucha más sensatez de la que se desprende de tantas ocurrencias políticas. Como refleja la encuesta de Sigma Dos que hoy publicamos, el 61,6% de los españoles cree que sería bueno introducir reformas en la Constitución. Pero, de forma abrumadora, señalan algunos límites infranqueables. Así, por ejemplo, hasta el 63,8% rechaza que se enmendara para permitir que se puedan realizar referéndums de independencia, tal como exigen los nacionalistas o formaciones como Podemos, que en esta cuestión demuestra carecer de visión y proyecto nacional. 

La mayoría de los encuestados considera que nuestros actuales dirigentes serán incapaces de ponerse de acuerdo para modificar la Carta Magna. Una percepción lógica dado que el debate está teñido de un partidismo irresponsable que poco casa con el verdadero interés general. Hoy ninguna de las grandes formaciones se niega a abordar la cuestión. Pero se echa en falta que aquéllos que más empujan expliquen con claridad qué es lo que quieren modificar y con qué fines. En el caso del PSOE, que ha hecho de la reforma federal su leitmotiv, aún se espera alguna concreción. Máxime porque su Estado federal es poco más que un mero enunciado borroso que se complica con el adjetivo «asimétrico». Resulta antitético apostar por una verdadera federación y pretender calmar a quienes temen por la pérdida de los anacrónicos derechos forales hoy vigentes que exigiría. 

Un debate serio debe afrontar cuestiones como que la mayoría de los encuestados se declare a favor de que el Estado central recupere competencias. Lo que confirma que yerran profundamente quienes hacen bandera de la reforma como moneda de cambio para tratar de amansar al independentismo. El marco de convivencia de todos los españoles no puede ponerse en riesgo para satisfacer a quienes sólo piensan en romper la baraja.