EL MUNDO – 05/11/16
· La detención ayer por un delito electoral de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, ha puesto al límite el conflicto entre la CUP y los Mossos d’Esquadra y ha vuelto a agrietar la relación entre los anticapitalistas y el Govern.
· Los antisistema exigieron a Carles Puigdemont que instara a la policía catalana a «desobedecer» a la Justicia española. También advirtieron de que la actuación de los Mossos pone en riesgo las negociaciones por los presupuestos.
Agentes de los Mossos d’Esquadra arrestaron a Venturós en su casa después de que esta plantara hasta en cuatro ocasiones al juez ante el que debía explicar por qué no retiró la bandera estelada del Ayuntamiento durante las elecciones del 27-S y el 20-D, como le había sido ordenado para no influir con propaganda independentista en los procesos electorales.
La forma en la que llevaron a cabo la detención los policías, a las 7.30 de la mañana y de paisano, fue la espita que soliviantó a la CUP. El partido equiparó las formas de la policía catalana con «una actuación digna de los mejores tiempos de la represión franquista». El diputado independentista y abogado de Venturós, Benet Salellas, acusó también al Departamento de Interior de actuar de madrugada para evitar cualquier protesta en la calle o que se captaran imágenes del momento.
En sus primeras declaraciones tras la detención reclamó al Govern a que decida si está del lado «de la Justicia española o con los cargos electos independentistas». Fuentes de la formación antisistema aseguraron que esperarán hasta el lunes para decidir si exigen la comparecencia del conseller de Interior, Jordi Jané, en el Parlament.
Desde el Govern únicamente Jané salió en defensa de la actuación de los Mossos. El máximo responsable político del cuerpo recordó que la policía tiene la obligación de cumplir las órdenes del juez y lamentó que se culpe «al mensajero». El presidente de la Generalitat, como hizo el resto de sus consellers, evitó ponerse de parte de la policía autonómica. Puigdemont se limitó a dar apoyo en la red social Twitter a Venturós y a quienes «sufren persecución por sus ideas».
Las críticas a los Mossos no tardaron en cristalizar en advertencias al mismo Govern sobre el apoyo de la CUP y, en especial, a las negociaciones para los presupuestos del año que viene. La amenaza de los anticapitalistas cuenta con un antecedente en esa misma senda: en junio pasado pusieron al límite la legislatura y forzaron una cuestión de confianza sobre Puigdemont al rechazar los presupuestos para este año. La Generalitat mantiene prorrogadas desde entonces las cuentas de 2015.
Las menciones a la quiebra en las relaciones entre la CUP y el Govern fueron ayer una constante. Por la mañana, Salellas aseguró que la detención de la alcaldesa de Berga supondrá «cambios». Avanzadas las horas, y conforme se celebraron convocatorias de apoyo a la edil arrestada, se incrementaron los avisos. La también diputada Eulàlia Reguant sostuvo que lo que sucedió ayer en Berga «genera ciertas dificultades con JxSí y el Govern ahora mismo, es evidente».
La raíz del conflicto son los dos procedimientos judiciales que la alcaldesa de Berga tiene abiertos por un delito electoral en el Juzgado de Instrucción número 1 de Berga. Fue su titular el que ordenó a los Mossos que la detuvieran por no acudir a sus cuatro requerimientos. Tras ser arrestada, Venturós accedió a declarar ante el magistrado Albert Ejarque.
Durante 20 minutos la edil sostuvo que nunca recibió ninguna notificación de la Junta Electoral para que retirara la bandera estelada del balcón del Ayuntamiento y que únicamente se le exigió arriar la del parque de bomberos municipal. También alegó que el día de las elecciones fueron los Mossos los que descolgaron una enseña que llevaba puesta desde septiembre de 2012. Venturós aseguró ante el juez que retirar la bandera independentista iría en contra de sus «principios políticos y contra el pleno del Ayuntamiento», que aprobó la medida. La Fiscalía cree que la alcaldesa cometió un delito electoral, castigado con una pena de tres a 12 meses de prisión o una multa.
Tras declarar, el juez la dejó en libertad con cargos. También le advirtió de que puede acabar encarcelada si vuelve a plantar al juzgado cuando sea requerida. A su salida, Venturós sostuvo que su detención es «absolutamente insultante y antidemocrática» y que afecta a «todo el pueblo catalán».
Las muestras de apoyo a Venturós se sucedieron durante todo el día. Concejales de la CUP en Gerona o Sabadell retiraron la bandera española de sendos consistorios. En la localidad vallesana fue sólo durante unas horas, hasta que el Gobierno municipal de ERC, que gobierna junto a una coalición en la que se integra la CUP, volvió a izarla. El Ayuntamiento de Sabadell afirmó que la decisión de retirar la bandera no se había consensuado entre las cuatro fuerzas que lo componen y calificó el gesto de «acción unilateral» de uno de los socios del Gabinete. Pese a ello, el Gobierno local anunció que debatirá retirar la bandera española en el próximo pleno municipal, informa Jordi Ribalaygue.
El conflicto también se trasladó al Ayuntamiento de Barcelona en forma de sainete de banderas durante la concentración que 250 personas protagonizaron en la plaza de Sant Jaume en apoyo de Venturós. Una estelada gigante colgada por personas sin identificar apareció en ese momento desde la azotea. El grupo municipal de C’s pidió que se retirara y el PP exigió responsabilidades a la alcaldesa, Ada Colau. La CUP también reclamó a la primera edil, sin éxito, que descolgara la bandera española.
EL MUNDO – 05/11/16