JOSU DE MIGUEL BÁRCENA – 29/04/16
· Acaba de publicarse el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), donde se analiza la posibilidad de que las distintas administraciones públicas, consigan un equilibrio presupuestario que al final de 2016 lleve a un escenario de consolidación fiscal, tal y como prescriben el art. 135 CE y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo (PEC). Como se sabe, el propio Gobierno reconoció que durante el 2015, el conjunto de las administraciones había incurrido en una desviación del déficit del 1%, lo que hace prácticamente imposible que el año que viene pueda llegarse a la cifra mágica del 2,8%, que permitiría a España salir del procedimiento de déficit excesivo y así poder llevar a cabo unas cuentas públicas sin la necesidad de prolongar los recortes indefinidamente.
Como consecuencia de la aprobación de las directivas y reglamentos que desde el 2011 presiden la gobernanza comunitaria, los Estados de la Unión Europea se comprometieron a establecer instituciones más o menos neutrales para asesorar a los gobiernos y parlamentos, en el análisis de los datos contables y económicos que fundamentan las distintas variables del gasto público. En virtud de tales acuerdos supranacionales, se creó por Ley Orgánica en 2013, la AIReF antes citada, dependiente del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Pese a esta dependencia, tanto el presidente de la AIReF, como sus consejeros, han mostrado una profesionalidad encomiable, elaborando valiosos informes que, desgraciadamente, han sido sistemáticamente desoídos por los distintos poderes públicos.
El Estado y las Comunidades Autónomas tienen que tener en cuenta tales informes a la hora de elaborar los presupuestos anuales. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria añade, además, que las distintas administraciones tienen la obligación de enviar cumplida información de cómo se van ejecutando tales presupuestos y de los planes financieros plurianuales, para que la AIReF pueda realizar sus tareas correctamente. Pues bien, el Gobierno central (y también los de algunas autonomías), incumplen esta obligación, demorando el envío de los planes o aportando datos poco creíbles. El reciente informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones para 2016, llega tardíamente después de una nota pública de la propia AIReF quejándose de que Montoro no había enviado la información para evaluar el nuevo plan de déficit para el periodo 2016 – 2019. Nada nuevo: en noviembre pasado, en un gesto inédito, el órgano independiente recurrió ante la Audiencia Nacional una orden del Ministerio de Hacienda, porque entendía que el protocolo para acceder a los datos contables y económicos “le impedía hacer bien su trabajo”.
No debe extrañar, por tanto, la situación en la que estamos. Todo es producto de la degradación institucional. La actitud tenida frente a la AIReF, no es nada comparable con la tenida frente a la Comisión Europea, a la que se corrigió repetidas veces en noviembre pasado, cuando advirtió del más que probable desvío del déficit como consecuencia de la aprobación de unos presupuestos generales que, en año electoral, se justificaban precisamente por las exigencias políticas y jurídicas derivadas del semestre europeo. Mientras ya empieza a vislumbrarse que la última legislatura han sido cuatro años perdidos, el cuadro fiscal pintado por la AIReF supone, además, un resumen perfecto de las sombras que acechan a la sociedad española, mientras los políticos dan un espectáculo bochornoso para intentar formar Gobierno.
Así, las cuentas de la seguridad social sufren un desfase en el déficit del 1,3%, lo que hace imposible alcanzar el objetivo para 2016, fijado en el 0,3% del PIB. La previsión de ingresos por cotizaciones realizada por el Gobierno es poco realista, mientras que el Fondo de Reserva de las Pensiones se reduce drásticamente, a pesar de que la reforma realizada en 2010 empieza a tener efectos positivos. Parece, en este sentido, que el Pacto de Toledo debería de reunirse de inmediato para comenzar a estudiar fórmulas que garanticen la viabilidad del sistema de pensiones, más allá de que la actual situación financiera de los diferentes fondos de la seguridad social, suponga una rémora para superar el déficit presupuestario coyuntural. Pero estamos sin Gobierno y sin oposición.
En cuanto al desfase en las cuentas de las autonomías, de más de un 1% durante 2015, es lugar común señalar que las regiones realizan el gasto social consolidado y que por lo tanto, tienen poco margen de maniobra. Pero devolver la paga extra de 2012 a los funcionarios -ha supuesto más de 1000 millones de €- como regalo en víspera de las elecciones del año pasado, poco tiene que ver con necesidades sociales más perentorias. Visto el panorama, la AIReF pide al Gobierno central que cumpla por fin con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, e imponga a Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia, la realización de planes de ajuste para cumplir con el déficit y el nivel deuda pública. Ahora descubrimos que el Ministerio de Hacienda, en vez de aplicar la Ley y la Constitución, ha estado usando los fondos de liquidez para dar apoyo político a las pretensiones electorales de ciertos Gobiernos autonómicos.
Con estos mimbres, le pedimos a Bruselas que no ponga en marcha el mecanismo sancionador por incumplimiento reiterado del PEC, mientras organizamos otras elecciones para divertirnos con las tertulias y las redes sociales.
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA / Abogado y profesor de derecho constitucional – 29/04/16