ABC 04/08/16
EL sectarismo y la arbitrariedad que rezuma el Gobierno municipal de Ahora Madrid no solo se traduce en revanchismo político, sino en una inasumible factura económica y fiscal para el conjunto de los madrileños, tal y como evidencia la paralización de la operación Chamartín, cuya decisión ya ha sido recurrida por las empresas promotoras y la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena optó por sustituir de forma unilateral este ambicioso proyecto urbanístico por el suyo propio, sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos pertinentes ni el consenso alcanzado entre las distintas partes, implicadas tras años de largas y complejas negociaciones. Esta anulación podría suponer, en primer lugar, un coste de más de ochocientos millones de euros a las arcas de la capital, ya que Distrito Castellana Norte, la sociedad impulsora del plan, reclamaría los 120 millones de euros invertidos, mientras que Adif y Renfe solicitarían la devolución de los setecientos millones destinados a la ejecución de infraestructuras.
Más allá de futuras reclamaciones y de la inseguridad jurídica que un carpetazo de estas dimensiones provocaría en el mercado, la paralización del proyecto dejaría a Madrid sin una inversión superior a los 6.000 millones de euros, capaz de generar 120.000 empleos asociados. La gran paradoja de la operación Chamartín es que la filial local de Podemos opta por destruir riqueza y puestos de trabajo mientras defiende la aprobación de una renta básica, financiada vía impuestos, con el argumento de combatir el paro y la pobreza. Apuesta por la cultura del subsidio y el clientelismo político, en lugar de permitir que la gente trabaje y prospere libremente. Y todo con la complicidad inexcusable del PSOE.