La fiscal pide imputar a miembros de la CUP por injurias a la Corona

EL MUNDO 09/11/16

· Un edil, dos candidatos y un asesor, identificados quemando fotos de Felipe VI en la Diada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez que llame a declarar como imputados a cinco personas vinculadas a la CUP por quemar fotos del Rey en la última Diada. Uno es concejal, dos han ido en sus listas, otro es asesor en el Ayuntamiento de Barcelona y un quinto pertenece a una plataforma afín. El Ministerio Público les atribuye un delito de injurias a la Corona.

En el escrito remitido por la fiscal Rosana Lledó al magistrado Fernando Andreu explica que la petición de declaración se debe a que son las cinco personas identificadas por los Mossos d’Esquadra en el informe sobre lo sucedido remitido a la Audiencia Nacional el pasado 20 de octubre. Los cinco podrían ser responsables de un delito de injurias a la Corona, según el mismo escrito de la Fiscalía.

La lista incluye a Aitor Blanco Aranjuelo, portavoz del Grupo Municipal Som Gramenet, una candidatura que aúna a Podemos y la CUP en esa localidad barcelonesa. También a Iván Altamira Miralles, asesor del grupo de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona. Otra identificada es Nora Miralles Crespo, suplente de la lista de la CUP por Barcelona al Parlament. Por su parte, Roger Santacana Hervada también fue candidato de la CUP al Ayuntamiento de Manresa (Barcelona). Finalmente, Jordi Almiñana Domenech pertenece al movimiento independentista Som Unitat Popular, afín a la CUP.

La fiscal Lledó baraja dos variantes del delito de injurias a la Corona, cuyas penas oscilan entre una multa mínima de cuatro meses y un máximo de dos años de prisión.

La variación depende de la gravedad de la injuria y si ésta se produjo «en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas». La Audiencia Nacional ya tuvo hace unos años una racha de investigaciones, juicios y condenas por la quema de fotos del Rey, entonces Juan Carlos I, que acabaron con multas. Hace unos meses el Tribunal Constitucional rechazó que la primera de las condenas, que impuso 2.700 euros por quemar foros de la familia real en Gerona, supusiera una violación del derecho a la libertad de expresión. El Tribunal de Estrasburgo aún tiene pendiente pronunciarse sobre esa condena.

La CUP emitió ayer un comunicado recordando ese recurso y afirmando que lo sucedido ahora es un ejemplo de la «persecución y represión al independentismo». También ha lamentado «la especial protección jurídica que tiene la familia real española».