EL PAÍS 03/04/17
· El ministerio público investiga desde hace un año las «estructuras de Estado» de la Generalitat
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde hace un año los movimientos de la Generalitat para poner en pie las denominadas “estructuras de Estado” para la secesión. El ministerio público, que aprecia posibles delitos de sedición, malversación y desobediencia en las maniobras del Ejecutivo catalán para la “desconexión”, envió el viernes a la Guardia Civil para que exigieran a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad información sobre los contratos con la Generalitat para levantar dos de esas estructuras: los servicios de inteligencia y la agencia tributaria.
Las empresas contratadas por la Generalitat para poner en marcha dos de las principales “estructuras de Estado” —algunas de ellas de gran tamaño y punteras en su sector— disponen de ocho días para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre estas adjudicaciones. En caso de no hacerlo en tiempo y forma, se les advierte de que pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos.
A finales de marzo de 2016, el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, abrió dos investigaciones sobre los pasos administrativos dados por la Generalitat para poner en pie los servicios de inteligencia (la “Agencia Nacional de Seguridad”) y la Agencia Tributaria de una hipotética Cataluña independiente.
La investigación, prorrogada por el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al cumplirse un año de su inicio, tiene dos objetivos, según fuentes que la conocen. El primero es indagar si se ha producido un perjuicio a las arcas públicas y si se han desobedecido las diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional que prohíben el proceso secesionista catalán. El segundo objetivo, no declarado, es impedir que si la Generalitat y el Parlamento catalanes aprueban las leyes de “desconexión”, la subsiguiente declaración de independencia no cuente con los instrumentos necesarios para hacerse efectiva.
Así, les pide que también informen por escrito de “cualquier otro contrato del que no tengamos conocimiento y que pueda ser utilizado para el desarrollo del cualesquiera de las estructuras de Estado” de la Generalitat o que “fueran de interés para la investigación” ya sea porque la mercantil requerida es la adjudicataria del mismo o porque se le haya encargado “a través de terceras sociedades o sociedades interpuestas”. También les pide que faciliten aquellos datos que conozcan de otros acuerdos del ejecutivo catalán con compañías de la competencia.
El escrito de la Fiscalía también plantea a las empresas una petición que suena a advertencia, ya que les pregunta si tras recibir el encargo del gobierno de Carles Puigdemont “se comunicó a la Generalitat que su creación y puesta en marcha podía estar prohibida por admisión a trámite o sentencias del Tribunal Constitucional”. En caso afirmativo, les reclama que aporten a la investigación “el documento de la empresa solicitando la aclaración y el de la Generalitat contestando a la misma”.
Finalmente, les exige que en el caso de que los contratos adjudicados hubieran sido formalizados mediante la fórmula de una Unión Temporal de Empresas (UTE), identifiquen en sus respuestas “qué aplicaciones informáticas, informes de consultoría y estudios fueron encargados a cada una de las empresas que las componían, concretando el encargo realizado a cada una de ellas”.
Espionaje y Hacienda
El pasado 8 de marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida ya por Jesús Alonso, dirigió la investigación hacia las empresas de los sectores tecnológico, de la consultoría y la ciberseguridad, supuestamente contratadas por la Generalitat para construir los servicios de espionaje y la agencia tributaria catalanes. El ministerio público, en uno de los requerimientos de información, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, exige a estas empresas documentos, datos e información sumamente detallada sobre los contratos con la Generalitat.
El pasado viernes 31, agentes del Servicio de Información y de la Comandancia de Barcelona de la Guardia Civil acudieron de manera simultánea a las sedes de las empresas tanto en Madrid como en la capital catalana con el escrito de la Fiscalía. Las compañías deberán entregar, en el plazo de ocho días, los expedientes completos de cada contrato. También deberán explicar el procedimiento de contratación, el importe de las aplicaciones informáticas desarrolladas y la forma de pago por parte de la Generalitat.
Los escritos están dirigidos a los administradores únicos, presidentes, directores generales o apoderados de las empresas tecnológicas y consultoras. La Fiscalía les conmina también a identificar a cada una de las personas de sus compañías involucradas en cada fase de los proyectos, así como al responsable de la Generalitat que “contrató, supervisó y mantuvo los contactos” con los jefes de proyecto o miembros de los equipos encargados de desarrollar los servicios contratados. También se quiere saber si los trabajos se realizaron en la sede de la empresa privada o en departamentos de la Generalitat, y en ese caso que se especifique en cuáles.
Para poner cifra a una posible malversación de fondos públicos, la Fiscalía reclama a las empresas que concreten los costes iniciales, finales y de puesta en marcha de las aplicaciones informáticas o informes de consultoría contratados por el Gobierno presidido por Carles Puigdemont.
El ministerio público se interesa también por si las empresas contratadas estuvieron supervisadas por algún empleado o funcionario de la Generalitat y por si los técnicos que desarrollaron los programas o elaboraron los informes “tuvieron que firmar algún contrato de exclusividad o confidencialidad”.
Los posibles ensayos de estas aplicaciones informáticas preocupan también a la Fiscalía. El requerimiento exige a las empresas contratistas que, en caso de que los programas hayan sido ya instalados en la Generalitat y estén funcionando, que identifiquen “al empleado de la empresa encargado de su activación”, así como “al funcionario de la Generalitat al que se le entregó e instruyó sobre su funcionamiento”. También exigen a las compañías que aporten a la Fiscalía “las contraseñas necesarias para poder activar cada una de las aplicaciones informáticas aportadas”.
El denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), órgano encargado de asesorar a la Generalitat en el proceso de secesión y cuyos miembros, en su mayoría juristas, son nombrados por el presidente autonómico, ha identificado una serie de “estructuras de Estado” necesarias para garantizar el funcionamiento de una hipotética Cataluña independiente. Entre estas instituciones troncales cuyo nacimiento han previsto los asesores del proceso independentista figuran un poder judicial y un ejército propios, organismos de control del abastecimiento de agua y energía, autoridades reguladoras de los mercados y un banco central.