La Generalitat ahonda en su desacato al TC tras la suspensión

ABC/08/16

· El presidente catalán señala que, diga lo que diga el tribunal, «el proceso continúa»

La Generalitat de Cataluña no se siente concernida por lo que pueda decir el Tribunal Constitucional (TC), y la única «obediencia» a la que se someten es la del «mandato» de las elecciones de septiembre. El día después de que el TC anulase la «hoja de ruta» para la desconexión aprobada por el Parlament, y abriese la puerta a actuar penalmente contra sus impulsores, el Gobierno catalán confirmó que no piensa modificar el rumbo, con lo que mantiene sus planes de «desconexión».


· Carles Puigdemont «El único que tiene capacidad de parar el proceso o acelerarlo es el sistema político catalán»

En declaraciones en Valls (Tarragona), el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, señaló que «pese a las decisiones del Gobierno español, reiteramos la voluntad de la política democrática catalana de continuar aquello que dio sentido a la legislatura, a mi elección como presidente y a aquello que se aprobó en el Parlament».

Pese a las decisiones judiciales y políticas, Puigdemont insistió: «El proceso continúa el ritmo que le imprimimos desde enero», y añadió que este ritmo ni se acelera ni se frena por decisiones ajenas a la política catalana. «El único que tiene capacidad de pararlo o acelerarlo es el propio sistema político catalán», remachó.

Antes de manifestarse así, en su última reunión antes de las vacaciones, el Ejecutivo catalán analizó las consecuencias del fallo, y en coherencia con lo expresado por Puigdemont, reiteró su pretensión de desacatar. «Estamos trabajando en la línea de la hoja de ruta, una hoja de ruta plenamente democrática, y cumplimos con las resoluciones y mandatos del Parlament del tipo que sean», apuntó la portavoz Neus Munté. Evitando comprometerse sobre si acataría lo ordenado por el TC, apuntó: «Acataremos el mandato democrático del 27 de septiembre».

Munté señaló que es «absolutamente legítimo» que el TC ejerza la función de árbitro para dictaminar la constitucionalidad de las leyes, pero no en cambio que valore la constitucionalidad de «debates parlamentarios, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento de un Parlamento». Las palabras de Munté se producían casi de manera inmediata a que varios secretarios judiciales entregaran a todos los miembros del Govern la notificación con la decisión del TC del pasado lunes.

En paralelo a la acción del TC, y lo que ello conlleve, Puigdemont sigue preparando la cuestión de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre, aunque todavía sin haber fijado una fecha para la trascendental reunión que debe mantener con la CUP, en la que los antisistema le exigirán que ponga fecha a la convocatoria de un referéndum unilateral.