ABC 09/06/17
· El Gobierno garantiza que el referéndum, a diferencia del de 2014, no se celebrará
La rutina de los días históricos. Desde que en 2012 Cataluña se echase pendiente abajo con el proceso soberanista, la Comunidad ha ido acumulando jornadas históricas, un empacho de épica –empacho de comedia para los descreídos– que, hoy sí, alcanza uno de sus días culminantes. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su segundo, Oriol Junqueras, comunicarán tras la celebración de un consejo ejecutivo extraordinario la pregunta y la fecha del referéndum de autodeterminación que el independentismo quiere celebrar en otoño.
Por encima de la ley, sin acuerdo con el Estado, con una exigua mayoría en el Parlament, el independentismo está decidido a consumar su salto al vacío, aunque de momento solo de palabra: si no hay sorpresas, no habrá documento oficial que deje constancia de la decisión para evitar la acción de la Justicia. El soberanismo tratará de jugar a fintar y amagar hasta el final. El Gobierno catalán en pleno y los diputados de Junts pel Sí y la CUP ya han recibido la orden «inexcusable» de asistir al acto.
«Actuar en consecuencia»
El grado de épica que se quiere dar al acontecimiento de hoy es directamente proporcional a las incógnitas que se abren a continuación, empezando, obviamente, por la propia celebración del referéndum, algo que una buena porción del independentismo, pese al verbo inflamado, asume como un imposible. Otros aspectos, en medio del secretismo y la ocultación con que se conducen los partidos independentitas para burlar la ley, siguen sin aclararse: cómo se regulará el referéndum, si tendrá una ley propia, si se incluirá dentro de la llamada ley de transitoriedad jurídica…
Sea como fuere, el miércoles por la noche, la vicepresidenta del Gobierno volvió a dejar claro desde Barcelona que se puede convocar el referéndum tantas veces como se quiera, pero el mismo «no se va a celebrar», a diferencia de lo que sucedió con la consulta de 2014. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, daba ayer algún detalle genérico –los que se pueden a estas alturas–, de la posición del Gobierno: «Si lo que Puigdemont plantea es una actuación que no cabe en el marco constitucional (…) deberemos actuar en consecuencia, pero como no sabemos todavía en qué consiste, no vamos a anticipar ninguna medida».
Por parte de la Generalitat tampoco se anticipan los acontecimientos, aunque sí se da por descontado el día de hoy como un gran acto de propaganda, difundida por los medios públicos de la Generalitat con una programación que se anuncia como casi monográfica. Es la misma propaganda que le sirve al presidente Puigdemont para alentar a los suyos y hablar ya ayer en unos térmimos como si la desconexión se hubiese consumado. «España es y continuará siendo socio comercial preferente, pero nuestro mercado es el mundo», proclamaba en un acto en el IESE en el que defendió la viabilidad de una Cataluña independiente, como si se tratase del primero de los actos de la campaña del referéndum. La apelación retórica a un diálogo que el Gobierno de España rechaza si se produce bajo el signo del chantaje es otra de las constantes del discurso de la Generalitat. «Nuestras apelaciones han sido desatendidas de forma humillante, pero el Estado español tiene la posibilidad de rectificar en su negacionismo y nosotros nos sentaremos a hablar cuando haga falta», añadió Puigdemont.
Convocados a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat, cargos y diputados independentistas arropan hoy al presidente Puigdemont, en lo que se pretende que sea el primero de una última serie de «días históricos» antes de la consulta de otoño, un referéndum contra todo.