La Generalitat no logra movilizar para el referéndum a los catalanes emigrados

EL PAÍS 26/06/17

· De unos 285.000 catalanes residentes en el extranjero, solo hay 5.000 inscritos

Dos de los planes estrella de la Generalitat de Cataluña y los colectivos separatistas para el pretendido referéndum ilegal del 1 de octubre —el fomento del voto de los catalanes en el exterior y el voto electrónico— han fracasado. El primero tenía como objetivo favorecer la participación de unos 285.000 catalanes residentes en el extranjero, pero por ahora solo hay 5.000 inscritos. El segundo, el proyecto para permitir el voto electrónico en esa consulta, está parado y sin opciones viables de arrancar. Este fiasco ha creado divisiones en la Generalitat y ha agrietado su relación con entidades soberanistas clave como la ANC.

Desde hace meses, tanto el Departamento de Exteriores del Gobierno de la Generalitat como la Asamblea Nacional Catalana (ANC, una de las principales entidades privadas independentistas) tratan de impulsar una gran campaña para fomentar el voto de los catalanes que residen en el exterior, porque pensaban que ese contingente de unos 250.000 ciudadanos podría proporcionar muchos votos en hipotéticos referendos o consultas. El registro de catalanes en el exterior ya se creó en 2014, cuando el Gobierno de Artur Mas quiso que este colectivo pudiera participar en la consulta independentista del 9 de noviembre de aquel año. Está por resolver cómo podrán votar los catalanes que residen en otras comunidades autónomas.

Junts pel Sí, la alianza entre el PDeCAT y ERC que gobierna en Cataluña, pretendía recuperar aquella idea del 9-N ahora, pero ese intento ha dividido al Ejecutivo catalán, con los departamentos de Gobernación (del PDeCAT, pilotado por Meritxell Borràs) y de Asuntos Institucionales e Internacionales (de ERC, pese a estar controlado por el independiente Raül Romeva) enfrentados sobre quién debe asumir la responsabilidad de conseguir que los expatriados voten. El registro ha obtenido unos resultados exiguos. Apenas se han inscrito en él unas 5.000 personas de las 285.000 que viven fuera.

Disputa con la ANC
El Gobierno catalán pensaba usar ese instrumento del registro como su censo para que quienes residen en el extranjero pudieran votar en el referéndum anunciado —aún no convocado— para el 1 de octubre, pero todavía no se ha introducido ninguna medida para hacerlo posible en la recién aprobada Ley de la Comunidad Catalana en el Exterior. En un anuncio oficial publicado en mayo se daba a entender que los catalanes en el extranjero que quisieran votar en la consulta tendrían que inscribirse en el registro.

El enfrentamiento interno y la falta de coordinación para este asunto entre PDeCAT y ERC han llevado también a una situación de crisis entre consejeros como Raül Romeva y el máximo responsable de ANC, Jordi Sànchez. Según ha desvelado este domingo Catalunya Ràdio, entidades que agrupan a catalanes en el exterior, como diferentes agrupaciones de la ANC en EE UU y la entidad Catalans al Món, han remitido al Gobierno de la Generalitat una carta en la que le urgen a aclarar si podrán votar y cómo se les habilitará. Sànchez niega que se haya producido ningún enfrentamiento y asegura: “Hemos planteado de forma muy clara la manera de abordar el voto de los catalanes en el exterior y todo el mundo es consciente de que se tiene que avanzar y con mucha mayor claridad”.

En esa misma línea, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha indicado que su partido “respeta” la petición editorial de The New York Times de que se autorice un referéndum de independencia en Cataluña, pero precisó que “lo que vale es la Constitución Española”. “Lo importante es lo que piensen las autoridades y la legislación de cada país. A veces, desde la distancia no se tiene el mismo conocimiento de la realidad”, ha dicho.

Según fuentes consultadas, Sánchez insistió en varias ocasiones ante la consejería que dirige Romeva para que hiciera arrancar la campaña de participación y diera las pautas de la misma. Romeva puso finalmente en marcha una serie de iniciativas para favorecer la inscripción en ese registro de catalanes residentes en el exterior, pero dio orden de que se desvinculara del referéndum para evitar posibles acciones judiciales del Gobierno central. La ANC sostiene que esa prevención perjudicó la movilización.

La ANC sí se implicó en esta campaña pero con críticas a su organización, lo que creó un importante conflicto interno entre sus asambleas exteriores y la dirección, a la que se cuestionó su falta de interés. Tanto Romeva como Jordi Sánchez han aceptado en entornos privados el fiasco de la campaña y han empezado a buscar justificaciones y disculpas y a lanzarse ataques mutuamente, mientras evitan que las discrepancias trasciendan.

Una de las estrategias a seguir ahora para aminorar el varapalo de la baja inscripción consistirá en argumentar que el voto exterior es y siempre ha sido irrelevante, ya que no se prevé una mejora significativa en la participación ante el 1-O, tanto por los pocos inscritos en el registro como por la baja participación en consultas anteriores. Para Sànchez, lo normal sería una participación de entre 15.000 y 20.000 personas que residen fuera de España.

En las dos últimas elecciones autonómicas el índice de voto exterior se quedó en el 7,54% en 2015 y en el 6,74% en 2012. En 2006, cuando Artur Mas ganó al socialista José Montilla, ese porcentaje casi llegó al 21%.

· El PP insiste: “La soberanía es de todos”
La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha advertido este domingo de que “nadie le va a quitar la soberanía” al conjunto de los españoles y de que “el derecho a decidir es de todos”. “No se puede decir que la democracia está por encima de la ley, porque sin ley no hay democracia. Si alguien quiere dejar de cumplirla, que lo someta al voto de todos, porque la soberanía es de todos y nadie nos la va a quitar”, ha afirmado Cospedal en referencia al plan separatista de la Generalitat

· El fiasco de la papeleta electrónica
Entre los múltiples inconvenientes con los que se está tropezando la Generalitat de Cataluña para poner en marcha su consulta independentista ilegal del 1 de octubre está también el frenazo de la ley para autorizar el voto electrónico.

El Gobierno catalán quería fiar buena parte de sus opciones de éxito en la hipotética consulta a la ley de voto electrónico en la que trabajan hace meses con el Parlament. Pero la posibilidad de que esta norma llegue a tiempo para el referéndum anunciado para el 1-O es remota si se intentan preservar los calendarios habituales de elaboración de una ley, entre ocho y 14 meses. Los expertos consultados consideran que no solo el calendario es un problema, sino que la falta de garantías jurídicas impediría también su aplicación.

El Gobierno central siempre ha sostenido que en esta ocasión no se va a permitir ni el referéndum ni una consulta informal, como el 9-N, y esgrime que tienen todos los mecanismos preparados para evitarlo. Entre ellos mencionan que no se verán urnas, ni de metacrilato ni de cartón, y que tampoco se dará opción al voto electrónico.

Tanto desde la Consejería de Exteriores que dirige Raül Romeva como desde la ANC, que controla Jordi Sánchez, se asume ya en privado que no va a ser viable implementar esa ley de voto electrónico en tiempo y forma. Desde el departamento de Exteriores se matiza ahora que Romeva nunca prometió que esa iniciativa sería posible, se busca minimizar el problema en apariciones mediáticas y se deriva esa responsabilidad hacia otros dirigentes nacionalistas.

En el entorno de la ANC se empieza ya a trabajar para reconducir el descontento de las asambleas exteriores de catalanes con el argumento de que no se dan las garantías para promover más el voto exterior, en un proceso que se va pareciendo cada vez más al del 9-N.