EL MUNDO – 03/06/17
· El ex gerente de CDC, investigado por tráfico de influencias y malversación de fondos El PDeCAT le pide al ex secretario del Govern y ex ‘conseller’ que abandone el escaño.
· El caso 3%, en el que se investiga el cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència (CDC), tocó ayer el que, por el momento, es su techo entre las filas de la formación soberanista.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigará por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y soborno a Germà Gordó, ex gerente de CDC, ex secretario del Govern, ex conseller de Justicia de la Generalitat y uno de los hombres en los que Artur Mas depositó más confianza durante muchos años.
Señalado por la Fiscalía Anticorrupción y por la Guardia Civil como el «recaudador» de las mordidas ilegales para el partido, la inclusión de Gordó en la lista de imputados era un hecho tan esperado como aplazado. Supone, en todo caso, la investigación sobre el cargo orgánico de mayor rango de la desaparecida CDC, de la que fue gerente entre 2004 y 2011. Por encima de Gordó durante esos años sólo estaba Artur Mas. El ex presidente de la Generalitat no realizó ayer ninguna declaración pública.
El juez de El Vendrell (Tarragona) que instruye el oficialmente llamado caso Petrum había reclamado la imputación de Gordó en dos ocasiones –enero y mayo– al TSJC, único órgano capacitado para juzgarle por su condición de aforado al ser actualmente diputado en el Parlament. Tras rechazar esa posibilidad una primera vez al considerar que no existían suficientes indicios, el Tribunal anunció ayer que abre una pieza específica en la que acusa al ex conseller de lograr de forma irregular que empresas constructoras entregaran «cuantiosas donaciones». A cambio, Gordó les facilitaba contratos con la Generalitat o ayuntamientos de CDC.
Las sospechas se centran en tres operaciones realizadas entre 2011 y 2013 entre Gordó y tres contratistas detenidos e imputados en las fases iniciales del caso 3%. El TSJC investigará, en concreto, donaciones pactadas a las fundaciones afines a CDC –Catdem y Fòrum Barcelona– por aproximadamente 250.000 euros. A cambio, las empresas acusadas de haber realizados los pagos y sobornos –Copisa, Pasquina y Grupo Soler– habrían logrado contratos de decenas de millones de euros para construir carreteras, colegios en barrios de Barcelona y obras en uno de los diques del puerto de la capital catalana.
La caída definitiva de Gordó se ha fraguado, en esencia, en la suma de testigos que le señalan como recaudador de los pagos y la aparición de múltiples referencias a él en las agendas de dos de los contratistas imputados. En ellas aparecían menciones a los alías de «Gerardo» o «Gregorio», los cuales los testigos, el juez, la Fiscalía Anticorrupción y ahora el TSJC dicen que corresponden al diputado de Junts pel Sí.
Dos testigos protegidos de la causa también le señalaron ante el juez Josep Bosch como el responsable de negociar y pactar los pagos a cambio de las adjudicaciones de obra pública. El cruce de la información que aportaron los testigos con los documentos intervenidos al partido y a los ex tesoreros de CDC también imputados –Daniel Osàcar y Andreu Viloca– situaron a Gordó en el centro de la investigación.
Las exigencias para que Gordó abandone el escaño fueron ayer, en todo caso, la norma general en el Parlament. Entre ellas la de ERC, socio del PDeCAT en la coalición gobernante de JxSí y que tardó siete horas desde que se conoció la investigación del TSJC en reclamar la cabeza del ex conseller. Según los republicanos, «debido a la relevancia de los hechos investigados y de los delitos» de los que se le acusa, «ERC considera que la mejor decisión sería que el diputado renunciara a su escaño en el Parlament».
EL MUNDO – 03/06/17