La Justicia cautiva

GORKA MANEIRO – EL INDEPENDIENTE – 25/03/17

Gorka Maneiro

Gorka Maneiro

· Como aproximadamente apuntó en su día y con acierto José María Fidalgo, “el mayor proceso de privatización habido en nuestro país durante los últimos años ha sido la apropiación por parte de los partidos políticos de la práctica totalidad de las instituciones del Estado”, siendo éste, sin duda alguna, uno de los mayores problemas que hoy día padecemos los ciudadanos españoles. Y, de entre todas las apropiaciones indebidas (otra forma de expresar este latrocinio insoportable), la de la Justicia. Hay pocos síntomas más claros que éste de la degradación institucional que sufre nuestro país y del precario estado de salud de nuestra democracia.

Lejos del efectismo político vacuo, vacío y, por lo tanto, fraudulento, la regeneración democrática real exige medidas políticas concretas y tangibles. Entre ellas, y muy especialmente, acometer la ineludible reforma de la Justicia y cortar de raíz y eliminar la dependencia de ésta de los tentáculos del poder político y de los partidos políticos. Pasan los meses y sigue sin acometerse dicha reforma (y ninguna otra, más allá de la propaganda y el postureo), por lo que toca volver a exigir a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que, además de posar, actúen.

Tras el entierro de Montesquieu, proclamado de manera altisonante por Alfonso Guerra a raíz de la vergonzante reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, unos y otros se han encargado una y otra vez de exhumar su cadáver, valga la metáfora, hasta conducir el deterioro del sistema judicial español hasta límites insospechados. Teniendo como tenemos unos profesionales perfectamente preparados, el problema radica en la injerencia institucionalizada de los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo, en nuestro sistema judicial. O, más concretamente, en todas las instituciones del Estado con un cometido fiscalizador, cuya independencia es condición necesaria de la más elemental higiene democrática y de que dichas instituciones funcionen correctamente, y no es otra cosa la regeneración democrática que pedimos.

Mientras los principales partidos políticos propugnan como piedra filosofal contra la extendida corrupción que asola la vida pública mediáticas comisiones de investigación controladas de inicio a fin por ellos mismos y con eficacia más limitada, continúa sin darse un sólo paso para despolitizar la justicia. No sólo continúan sin acometerse las necesarias reformas tendentes a la despolitización radical del sistema judicial y sus satélites, sino que todos los indicios apuntan a una nueva vuelta de tuerca en la cooptación política de dicho sistema.

Asistimos atónitos al regalo envenenado del reparto por parte de los partidos del Tribunal Constitucional

Así, asistimos atónitos al regalo envenenado del reparto por parte de los principales partidos políticos del Tribunal Constitucional (TC). Si bien el TC (que detenta, entre otras, la función de ser el máximo garante de constitucionalidad e intérprete superior de nuestra Carta Magna), no forma parte del Poder Judicial, está aquejado de las mismas deficiencias y vicios que aquél. Y, lejos de poner solución a esta politización rampante, los dos principales partidos, con la inacción cómplice de las nuevas formaciones, están protagonizando el periódico y habitual espectáculo de repartirse magistrados del dicho órgano. No es algo nuevo, ciertamente. Hace no demasiado tiempo, saltó a la prensa el infame espectáculo de un presidente del Tribunal Constitucional con carnet de afiliado del Partido Popular. Cosas que pasan.

Mientras tanto, los vocales del Consejo General del Poder Judicial – órgano de control y gobierno de jueces y magistrados- siguen actuando, como brillantemente definió el magistrado Jesús Villegas, más como “políticos togados”, es decir, como verdaderos testaferros de los intereses partidistas, que como independientes servidores públicos. Otro tanto puede decirse del Ministerio Fiscal, cuerpo profundamente jerarquizado y con una inquietante dependencia del Poder Ejecutivo y, en especial, del Ministro de Justicia de turno.

Aún más intranquilizador resulta que se esté cocinando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea el Ministerio Fiscal quien detente, en sustitución del Juez Instructor, la investigación de los procedimientos penales, y decimos intranquilizador no porque se trate de una fórmula sin parangón en el derecho comparado, donde sí encontramos modelos de instrucción similares, sino nuevamente por el hecho empírico y constatable de que el Ministerio Fiscal no garantiza la exigible independencia respecto del poder político como para confiar suficientemente en que tal reforma no se convierta, al fin y al cabo, en un nuevo subterfugio para bloquear las causas penales contra la corrupción política.

La Justicia constituye un ejemplo paradigmático de la tremenda degradación de nuestro sistema democrático

Podríamos enumerar otros tantos ejemplos de colonización partidista de las instituciones del Estado por parte de los partidos políticos. Y tal enumeración no sería en ningún caso un ataque a la noble causa de la política ni una puesta en cuestión de la necesidad de los partidos políticos en un régimen democrático sino precisamente la defensa de la regeneración democrática y de la modernización de España que seguimos reivindicando. La Justicia constituye un ejemplo paradigmático de la tremenda degradación de nuestro sistema democrático. Lejos de poner el grito en el cielo y optar por la clásica transferencia de responsabilidades, lo que los principales partidos políticos deberían acometer es un verdadero ejercicio de autocrítica, recordando que este gran cáncer tiene responsables y fácil solución… si hubiera voluntad política y vocación auténtica de servicio público.

Esta solución, efectivamente, depende por entero de la voluntad política de nuestros representantes para devolver la Justicia a sus profesionales, y acabar de una vez por todas con la concepción patrimonialista de la misma, en virtud de la cual los partidos políticos pretenden ejercer unos ficticios e inexistentes derechos de propiedad – cuando no de pernada- sobre el Poder Judicial y las instituciones fiscalizadores del Estado. Si no se hace, seguiremos teniendo una justicia intervenida, cautiva y mermada. La misma que, en la actualidad, según datos de World Economic Forum, coloca a nuestro país por debajo de Tailandia y Zambia en independencia del Poder Judicial. Otra vez más, la pregunta que debemos hacernos los ciudadanos libres y comprometidos no es qué va a pasar sino qué podemos hacer. Y, más concretamente, qué vamos a hacer.


Gorka Maneiro es portavoz de la Plataforma Ahora.