Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no han despertado en la oposición la comprensión que buscaban con la petición de un referéndum de independencia pactado a la manera del que se celebró en Escocia en 2014. Numerosos representantes de los partidos no independentistas subrayaron ayer las carencias y las omisiones del presidente y el vicepresidente de la Generalitat, que reclamaron a La Moncloa una votación «pactada» con un artículo en El País.
Miquel Iceta, líder del PSC, fue de los primeros en apuntar las contradicciones de Puigdemont y Junqueras. «El papel lo aguanta todo: queremos un acuerdo, pero empezamos por incumplir la ley, desobedecer al Tribunal Constitucional y un ultimátum», dijo por la mañana.
Iceta se refería a que el presidente y el vicepresidente de la Generalitat piden a Mariano Rajoy la negociación de un referéndum acordado, pero a la vez insisten en que no renunciarán a «ejercer ese derecho» si se mantiene el «rechazo frontal» del Gobierno español.
Desde Las Palmas de Gran Canaria, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró que el artículo «ni pide ni ofrece diálogo», sino que exige al Ejecutivo central algo que «ningún gobierno puede ofrecer».
Desde la trinchera gubernamental también se pronunció el delegado del Ejecutivo en Cataluña, Enric Millo. En su opinión, Puigdemont y Junqueras deben elegir entre el papel de «pirómanos o bomberos». En la misma línea que Iceta, Millo acusó a los dirigentes independentistas de «hacer trampa» por abogar por la negociación y al mismo tiempo dar «un ultimátum» sobre la convocatoria de un «referéndum ilegal».
También se pronunció al respecto del artículo el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. «La carta tiene trampa. Dice ‘sentémonos al diálogo, pero nosotros no renunciamos al referéndum’, que saben que es un tema no disponible por el Gobierno de España», afirmó.
Zapatero también comparó la situación con la del Brexit para asegurar que «los referendos no son el procedimiento para solucionar este tipo de grandes conflictos». «Fíjense el Brexit. Quien rompe se rompe. Gran Bretaña ha roto con la UE y tiene el riesgo de romperse», añadió.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, dijo que el artículo «es lo de siempre», porque apunta a una «repetición» de la consulta del 9-N de 2014. A su parecer, el Govern somete a Cataluña a un «bloqueo» e instó a «poner las urnas» no para celebrar un referéndum, sino para convocar elecciones y dejar paso a un «Gobierno constitucionalista que quiera gobernar para todos» y «contribuya a las reformas» para toda España.
Los independentistas, en cambio, celebraron el contenido del artículo y advirtieron al Gobierno de los riesgos de ignorar las peticiones de la Generalitat. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, advirtió a Rajoy de que usar «la violencia judicial», la «represión» y la «vulneración» de derechos –en relación con las imputaciones e inhabilitaciones de dirigentes soberanistas–, «debilita» democráticamente al Estado.
La portavoz del Govern, Neus Munté, también lamentó que el Gobierno esté en su opinión impulsando la «judicialización» y garantizó que seguirán trabajando «con la máxima discreción» para que los catalanes «puedan votar en un referéndum de autodeterminación».