«La actualización debe ser constante. Los terroristas avanzan, improvisan, modifican sus criterios de actuación y siempre van por delante de nosotros. Lo que tenemos que ser es rápidos adoptando nuevas medidas, nuevas herramientas legales para cercenar sus intenciones». Quien así reflexiona tiene muchos lustros en la lucha contra el terrorismo desde el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Explica cómo se debe modificar la legislación pero, sobre todo, cómo se debe avanzar hacia una armonización operativa en la lucha contra el terrorismo yihadista a nivel internacional, fundamentalmente europeo. «España es pionera y ejemplo en muchas de las actuaciones contra el terrorismo de corte yihadista y es muy efectiva en sus ámbitos policiales y judiciales, pero no debemos pararnos», apunta este mando operativo.
Tras los atentados del 11-M se produjo un aluvión de cambios normativos, casi hasta llegar a una hiperactividad legislativa. El bloque del Código Penal referido al terrorismo se ha modificado profundamente en los últimos años. Por ejemplo, se introdujo específicamente el delito de financiación del terrorismo y se elevó de dos a tres años el máximo de condena por enaltecimiento terrorista, una acusación que ha proliferado en la Audiencia Nacional ante la estrategia de detenciones preventivas adoptada por los responsables de la lucha antiterrorista. Superar la barrera de dos años supone ingresar inevitablemente en prisión.
Igualmente, la última reforma incluyó el nuevo delito de autoadoctrinamiento, con el ojo puesto en quienes, empleando las redes sociales, manejan material radical con el que ellos mismos se van desplazando hacia el extremismo. Es un paso más allá del enaltecimiento y permite penas de hasta cinco años de prisión.
Aún otra novedad: se considera delito de terrorismo el desplazamiento a un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista para recibir adiestramiento o para colaborar.
Pese a tantos cambios –ha habido más–, las Fuerzas de Seguridad tienen el ojo en nuevas reformas para seguir cercando al radical. El mismo experto antiterrorista tiene una reclamación clara: debe haber una actuación conjunta en toda Europa. Recuerda que la lentitud en el ámbito de las instituciones europeas está bloqueando una de las herramientas que a nivel policial consideran clave: la puesta en marcha del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, según sus siglas en inglés), que permitiría disponer de los datos sobre los pasajeros recopilados durante la reserva y facturación.
Tras años de debate y algunos reveses iniciales, el año pasado la UE aprobó la directiva para poner en marcha el registro, si bien los estados tienen de plazo hasta dentro de un año para llevarla a la práctica. Así que, a día de hoy, esta herramienta que las policías europeas consideran clave para poder seguir la pista de sospechosos sigue sin aplicarse.
A nivel interno, las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía consideran que se debe seguir profundizando en más reformas. Está claro que la dinámica que se sigue en España de golpear contra los futuros terroristas en cuanto se tiene el menor indicio de radicalización está siendo mayoritariamente avalada por los tribunales. Además, se ha demostrado como la herramienta más efectiva, comentan estos especialistas, teniendo en cuenta lo sucedido en Francia y Gran Bretaña, donde la mayoría de los autores de los atentados eran conocidos de los servicios de inteligencia. «Nos reafirma que la actuación preventiva es la herramienta más eficaz».
Las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía coinciden en la necesidad de centrarse en el entorno de los radicalizados. Consideran que deben ponerse en marcha medidas legales para que quienes antes que nadie pueden detectar que alguien se está radicalizando puedan alertar con garantías a la Policía, a la Guardia Civil o la Fiscalía.
Estos especialistas consultados por EL MUNDO apuntan que hay un gran margen de mejora en la legislación sobre protección de testigos, una ley de 1995 que aún está pendiente de ser desarrollada.
Se trata fundamentalmente de que los amigos o familiares que detecten esa radicalización puedan dar el aviso sin que su identidad se vea afectada o que puedan recibir protección del Estado tras declarar contra los suyos. La reforma legal podría ofrecer ese blindaje absoluto que piden las Fuerzas de Seguridad.
Pese a las carencias que aún se detectan, los especialistas creen que España «aprendió» rápido tras verse en fuera de juego en el 11-M. Desde entonces, el esfuerzo policial y judicial fue enorme. La experiencia de 40 años de terrorismo de ETA fue muy importante «para avanzar en el choque contra el nuevo fenómeno».
Uno de los puntos avanzados en la lucha contra el terrorismo yihadista se encuentra las redes sociales. «La figura avalada y potenciada desde los juzgados del agente encubierto virtual es ahora mismo la clave para actuar contra los entramados de captación. Son menos de los que piensa la gente, pero de máxima eficacia», apuntan fuentes de Fiscalía.
Este nuevo elemento es clave para detectar los elementos de radicalización en redes. Porque, como recuerdan desde Interior, en el último lustro, la gran mayoría de las captaciones se ha producido a través de las redes sociales. «Te van tirando el anzuelo y desde allí te llevan a grupos blindados en redes. Si logras acceder a este nivel, tu agente encubierto virtual se convierte en clave, ya que te puede proporcionar los datos fundamentales para llegar a los radicalizables más peligrosos». Eso sí, aclaran desde Fiscalía, «no es un agente provocador de situaciones y no lo debe ser. Es una herramienta abrelatas, nada más… y nada menos».
Actualmente, tres de cada cuatro de los detenidos en el último lustro por terrorismo yihadista está cumpliendo condena en prisión. «Estos datos nos ratifican en lo acertado de nuestra estrategia preventiva», concluyen los responsables policiales.