FUE anómala la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y están siendo anómalos sus últimos días antes de disolver las Cortes. Dicha anomalía, como siempre que se trata del sanchismo, consiste en la falta de escrúpulos: los mismos que harían falta para no auparse al poder con los votos de los partidos responsables de un golpe de Estado; y los mismos que harían falta para evitar la tentación de disparar el gasto en precampaña con medidas electoralistas adoptadas por decreto para comprar votos a despecho de la responsabilidad fiscal.

A tan solo un par de semanas para la disolución de las Cámaras, el Gobierno volverá a demostrar el respeto que le merece un Parlamento que no puede controlar arbitrando iniciativas sociales por la vía rápida del decretazo y por un importe anual estructural superior a los 900 millones, según las propias estimaciones del Ejecutivo. Para ello está dispuesto a sobrecargar de trabajo a la Diputación Permanente, concebida para un Gobierno en funciones y no para tramitar legislación de alcance, propia del periodo ordinario.

Para justificar este burdo ejercicio electoralista, la propaganda gubernamental recurrirá a la misma coartada con que ha excusado sus 25 decretazos: por la urgencia social. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, avanza su propósito de aprobar antes de los comicios de abril la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, lo que supone un gasto de 300 millones. Cantidad que ha de sumarse a los 638 millones estimados para pagar lo ya anunciado por Sánchez el fin de semana sobre la recuperación del subsidio a los parados de más de 52 años y el pago de cotizaciones a cuidadores no profesionales de personas dependientes. Asimismo, Valerio tratará de abordar una modificación in extremis de la reforma laboral, lo que ha provocado la indignación de la patronal, cuyo presidente Antonio Garamendi ha explicado que esos «retoques» son modificaciones importantes que no debería introducir un Gobierno en fase terminal y que «rompen el diálogo social».

Pero el sanchismo no solo despilfarra el dinero público sino también la vergüenza propia. Leído Manual de resistencia, resulta difícil reprimir el bochorno ante tan inédito alarde de autopromoción en un presidente que no ha cumplido nueves meses en Moncloa. No se trata solo de la prosa infantil, la tergiversación de batallas orgánicas en su beneficio, la egolatría disparatada o el descaro de asumir como propia la autoría ajena. Es que atribuye posiciones al mismo Felipe VI, a quien se permite enrolar en el bando del sanchismo frente a la irresponsabilidad del PP. Sánchez se retrata como personaje incapaz de distinguir entre la responsabilidad institucional y la obscena ambición personal. Nunca nadie tan poco votado se creyó tanto.