ABC-IGNACIO CAMACHO
Desde que la moción de censura rompió las reglas de juego nadie puede reclamar pactos poselectorales de caballeros
CUANDO tenía mayoría absoluta, Rajoy se negó a cambiar –contra la opinión de sus propios compañeros– el régimen electoral de los ayuntamientos. Argumentaba el presidente, con sensato concepto, que las reglas de juego de la democracia sólo se deben modificar por consenso, y era obvio que no lo había porque los partidos de izquierda no estaban dispuestos a perder las cuotas de poder local que les proporciona el sistema indirecto. Por esa misma razón, la propuesta de reforma presentada por el PP volvió a fracasar ayer en el Congreso, aunque ahora tenga más lógica dado que el surgimiento de formaciones nuevas obliga en la práctica a elegir a los alcaldes a través de acuerdos. A los populares les asiste la razón de fondo pero yerran en el enfoque y en la elección del momento. Ni estas cosas se deben plantear en vísperas de las elecciones, cuando la posición de cada cual está influida por los sondeos, ni hay otra fórmula alternativa mejor que la segunda vuelta a campo abierto. La idea de primar a la lista más votada no va a cuajar mientras Ciudadanos aspire a hacer valer su ascenso y mientras el PSOE esté vinculado a una coalición de facto con Podemos. Y en todo caso constituye una pérdida de tiempo proponer un asunto de esta clase sin negociar un bloque de respaldo previo… salvo que Casado pretenda acumular argumentos para liberarse, llegado el caso, de su propio criterio.
Fue Adolfo Suárez el que tomó la decisión de extender el método de elección parlamentaria a los municipios, pero sin establecer las cautelas que rigen para proclamar al presidente del Ejecutivo. La izquierda le premió la buena intención quitándole a la UCD todas las alcaldías que hubiera podido obtener con un mecanismo más rígido. Desde entonces la derecha está condenada a obtener mayoría desde un principio, por lo que el ballotage a la francesa –una segunda ronda entre las dos candidaturas con más votos– perdió sentido hasta que se produjo hace pocos años la quiebra factual del bipartidismo. Quizá por eso ni el PSOE y el PP han querido nunca sentarse a concertar un compromiso para que los gobiernos locales sean fruto de la votación directa de los vecinos y no de una especie de mercado negro influido por intereses minoritarios y no pocas veces ilegítimos. Ahora les convendría objetivamente a ambos, pero la oportunidad ya se ha perdido. En junio –y antes en Andalucía– la segunda vuelta volverá a disputarse entre despachos y pasillos, y aunque el resultado acabe siendo el mismo, el procedimiento otorgará a los perdedores en las urnas un influjo decisivo.
De cualquier modo, la moción de censura de Sánchez ya había roto cualquier tradición de respeto a las preferencias del electorado. A partir de ahora todo está permitido en materia de pactos. Es la consecuencia de haber desterrado de la política las pautas de caballeros para convertirla en una timba de villanos