Los políticos de la Región de Murcia dieron ayer el primer paso para perder el privilegio de estar aforados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) –el único que les puede investigar o juzgar– y, por unanimidad, votaron a favor de una reforma del Estatuto de Autonomía en este sentido. El PP apoyó junto a PSOE, Ciudadanos y Podemos una proposición de ley para la eliminación de los aforamientos de diputados y miembros del Gobierno. Con este respaldo, los populares consiguen que Ciudadanos se abstenga el sábado en la investidura de su nuevo candidato a la Presidencia, Fernando López Miras.
La votación de ayer se produjo en presencia del ex presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, que se mantiene como diputado. Investigado en dos procedimientos –el caso Auditorio y el caso Púnica– y obligado a dimitir por la presión de Ciudadanos, Sánchez perdería el fuero ante el TSJM si la decisión adoptada por la Asamblea tuviera efectos automáticos. Sin embargo, es sólo un primer paso de una tramitación que debe culminar en el Congreso de los Diputados y a la que fuentes populares no alcanzan a ver un desenlace a medio plazo. La aprobación de los cambios en los Estatutos, recuerdan, obliga a un acuerdo entre PP y PSOE en un asunto en el que es fundamental una postura nacional. Mientras tanto, Sánchez continuará aforado.
De hecho, los populares han justificado su reticencias a adoptar esta medida en Murcia en que «no tiene sentido que la presidenta de la Junta de Andalucía esté aforada y no lo esté el presidente de la Comunidad de Murcia». Aseguran estar de acuerdo con el fondo, pero no con el proceso exprés para impulsar la medida. En España, señaló ayer el diputado Francisco Jódar, «hay más de 200.000 aforados». El parlamentario asumió que el PP votaba a favor para asegurar la estabilidad de la Región.
Esta fórmula ha sido el único modo de amarrar la abstención de Ciudadanos a López Miras. Hoy comienza en la Asamblea la sesión de investidura. Cs votará en contra y forzará una segunda votación, la del sábado, donde el nuevo presidente saldrá elegido con mayoría simple.
No ha sido posible reeditar el acuerdo de Gobierno de 2015. El partido naranja quería imponer la obligación de los cargos públicos de dejar el cargo cuando sea llamados a declarar como imputados. El PP murciano, dolido aún por la obligada marcha de su ex presidente, no ha transigido.
La negociación se ha llevado allí, sin interferencias de las direcciones nacionales. Ciudadanos, indican fuentes populares, ha apostado por la «regeneración en lugar de por la estabilidad», en un clima además de enorme debilidad política de la marca PP por los sucesivos escándalos de corrupción. Pero apuntan que «la gente no vive de la regeneración». Pese a las dificultades, ven viable gobernar hasta 2019. Satisfechos, además, según fuentes del PP murciano, de no haber aceptado las condiciones de Cs, aunque asumen que la gobernabilidad será complicada.