La directora de un instituto que no entregó las llaves del centro para que se pudiera celebrar en su interior la consulta del 9-N, Dolores Agenjo, declaró ayer en el juicio que se celebra en Barcelona contra Artur Mas y dos ex consejeras que, 48 horas antes de las votaciones, cuando el Tribunal Constitucional ya había suspendido la convocatoria, la entonces responsable de los servicios territoriales de Educación la llamó insistentemente para que cediese.
El testimonio de la directora supone la implicación de un cargo del Govern en la organización del 9-N después de que el Tribunal Constitucional lo suspendiera, lo que probaría la desobediencia de la que la Fiscalía acusa a Mas y a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau.
El 4 de noviembre de 2014, el Constitucional dictó una providencia en la que suspendía los trabajos de organización del 9-N. En su declaración del lunes, Artur Mas afirmó que acataron esta decisión y que toda la organización de las votaciones quedó desde ese momento en manos de voluntarios, que se encargaron de gestionar los puntos con las urnas y organizar las colas, así como introducir los resultados.
Los testigos que declararon ayer en el juicio, entre los que había representantes de la comunidad educativa, miembros del Govern que encargaron trabajos previos y empresas contratistas, dejaron sin embargo evidencias de que la Generalitat siguió implicada en el 9-N pese a la suspensión del Constitucional, ya fuera para garantizar el reparto de urnas, papeletas u ordenadores o para insistir a una directora para que entregase las llaves de un instituto 48 horas antes de las votaciones.
Dolores Agenjo, la directora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet que no entregó las llaves, declaró en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se sintió «violenta» cuando la entonces responsable de los Servicios Territoriales de Educación en Barcelona, Montserrat Llobet, la llamó hasta cinco veces para pedirle las llaves del centro el 7 de noviembre de 2014.
Agenjo también declaró que el 16 de octubre Llobet convocó a una reunión a los directores de institutos de los servicios territoriales para explicar el dispositivo del 9-N y que les dijo que todos los centros serían sede de las votaciones y que los directores debían buscar un mínimo de tres voluntarios para introducir datos informáticos o recoger material.
«Entregar las llaves no era voluntario, nos dijeron que se debía hacer porque la Generalitat era la titular», declaró Agenjo, quien asegura que entre los días 6 y 7 de noviembre recibió numerosas llamadas desde los Servicios Territoriales. Además, indicó que otros directores de instituto de L’Hospitalet estaban «bastante angustiados» porque se lo habían requerido.
Agenjo reiteró que Llobet la llamó en varias ocasiones el 7 de noviembre para pedirle las llaves y que le dijo: «Eres la última que queda en entregarlas, tienes que hacerlo», a lo que ella requirió a cambio una «orden escrita», que primero se comprometieron a darla pero luego no llegó. Ese mismo día llegaron las urnas con un transportista pero la directora se negó a firmar la entrega. Finalmente, nadie fue a buscar las llaves y el centro no abrió el 9-N.
Otros testigos, inspectores de Educación, explicaron que conocían quejas de que la Generalitat «estaba forzando» a directores a entregar llaves. No obstante, la responsable de un instituto de Badalona que también declaró dijo que no hubo ningún tipo de presión: ella dejó las llaves en el registro de los Servicios Territoriales.
Otros testigos explicaron que, pese a la suspensión, se acabó de entregar la documentación de las aplicaciones informáticas para el recuento, se repartieron urnas y ordenadores dos días antes de las votaciones e incluso la empresa Focus montó el centro de prensa para ofrecer datos de la consulta entre el 3 y el 7 de noviembre y que el contrato con el Govern se firmó el último día.