José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
Las especulaciones que vinculan el nombramiento de Marchena con un buscado apartamiento del magistrado de la causa del ‘procés’ son interesadas y erróneas
El primer acuerdo entre el Gobierno socialista y el PP ha consistido en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La situación creada en el Tribunal Supremo tras la crisis de su Sala Tercera (sentencia sobre el impuesto de formalización de las hipotecas) exigía que socialistas y populares, cuyos grupos superan los 3/5 en ambas cámaras legislativas necesarios para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, aparcasen sus profundas discrepancias para abordar un acuerdo de Estado.
Con carácter previo: es verdad que el sistema parlamentario de elección de los miembros del CGPJ es muy criticado. En prácticamente todos los países democráticos, sin embargo, la forma de elegir la cúpula judicial cuenta con intervención no solo parlamentaria sino directamente gubernamental. Nuestro sistema no es peor que los demás, pero cojea gravemente por la mentalidad con la que se acomete, que es la de fijar cuotas. No debería primar el carácter ‘conservador’ o ‘progresista’ de unos y de otros, sino exhibir la trayectoria y la profesionalidad de los elegidos, ambas idóneas para servir rectamente en el gobierno de los jueces.
El PP y el Gobierno aciertan al concertarse sobre la figura del Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Un acierto que dispone de, al menos, cinco lecturas interpretativas:
1) Se opta por un jurista —fiscal de carrera y magistrado, presidente de sala del Supremo— que cuenta con una sólida reputación tanto entre magistrados como entre fiscales y en la abogacía. Es un togado dialogante, con planteamientos claros pero que atribuye un gran valor a la cohesión de sus colegas en el ejercicio de su función jurisdiccional y tiende a tecnificar sus tesis y obligar a su interlocutor a que haga lo propio con la suyas.
2) Manuel Marchena ha dirigido una sala del Supremo —la segunda— con un gran respeto por el criterio de todos sus magistrados, algunos no afines ideológicamente, y ha cohesionado su actuación jurisdiccional de una manera inteligente. Ni sus adversarios le niegan su capacidad de composición de discrepancias y el nivel jurídico con el que dota de continuo sus planteamientos. De la Sala Segunda bajo su presidencia han salido Cándido Conde Pumpido para ocupar plaza de magistrado del Tribunal Constitucional y dos fiscales generales, el fallecido José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar. La magistrada Ana Ferrer, también magistrada de la Sala Segunda, será la vicepresidenta del Consejo.
3) Marchena es un magistrado joven (nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1959) que entiende muy bien el valor de la transparencia en la actividad jurisdiccional y, en consecuencia, dispone de un eficaz modelo de relación con los profesionales de la información y con los medios de comunicación, muy a diferencia de otros predecesores suyos en el cargo. Al tiempo, la Sala Segunda ha sabido blindar la confidencialidad de sus debates en temas especialmente complejos.
El magistrado canario llegará con un proyecto institucional encaminado a restaurar la credibilidad del más alto órgano jurisdiccional del Estado
4) El CGPJ que presida Manuel Marchena no será el diseñado por la reforma de la ley orgánica de 2013 (que establecía una Comisión Permanente y un pleno del Consejo) sino por la que está a punto de salir del Senado, que restablece la plena dedicación de todos los vocales del órgano colegiado sin que unos lo sean con dedicación exclusiva y otros parcial. La reforma del PP (2013) no fue precisamente un acierto y es bueno que se regrese al modelo anterior, más plural y participativo. Esta vuelta al antiguo funcionamiento del CGPJ favorecerá que Marchena despliegue sus habilidades para lograr cohesión y unidad de criterio.
5) La designación prevista de Manuel Marchena como presiente del Supremo y del CGPJ le aparta de la presidencia, no solo de la Sala Segunda, sino de la presidencia del tribunal del proceso soberanista de cuya causa, además, era el ponente. Las especulaciones que vinculan el inmediato nombramiento de Marchena con un buscado apartamiento del magistrado de la causa especial del ‘procés’ son interesadas y erróneas. Marchena conoce el sumario al dedillo, fue el ponente del auto de admisión de la querella que inició el procedimiento y ha seguido paso a paso la instrucción de Pablo Llarena, pero su sustituto al frente de la sala y en la ponencia, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, como los demás miembros del tribunal, garantizan tanto como Marchena la imparcialidad y profesionalidad con la que se conducirá la vista oral y la emisión del fallo en su momento. No son previsibles ni nuevos criterios al respecto (en ningún aspecto) ni retrasos sobre los plazos previstos, aunque habrá que proveer la sala de enjuiciamiento con dos magistrados que sustituyan a Marchena y a Ana Ferrer.
En definitiva, el nombramiento de Manuel Marchena —resultado de un acierto común del Gobierno y del PP en un CGPJ con mayoría llamada ‘progresista’ (11-9)— permite albergar la esperanza de que la crisis del Supremo pueda ser superada, porque el magistrado canario llegará al ejercicio de sus altas responsabilidades con un proyecto institucional encaminado a restaurar la credibilidad del más alto órgano jurisdiccional del Estado. Lo iremos viendo con el tiempo. De momento, el acuerdo sobre la renovación en plazo de la cúpula judicial rompe el hielo entre el Gobierno y el PP cuando parecía imposible cualquier acuerdo de los muchos que necesita la reinstitucionalización del Estado.