En el equipo de Ciudadanos había ansiedad porque el balón de la legislatura echara a rodar. Y ahora que ha sonado el silbato del Congreso, hay prisa por marcar goles. Desde la formación de Albert Rivera apremian al PP para que reparta juego y empiece a dar salida a las 150 reformas acordadas. De momento, han combinado para permitir que la primera medida que el partido naranja defienda en el Pleno sea una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. El PP apoyará a Ciudadanos en su tramitación para que pueda ser votada –necesitan el apoyo del PSOE para sacarla adelante–. Rivera y su equipo apuestan por hacer un marcaje al hombre, a los ministros; mantener una relación bilateral y directa con los responsables de cada departamento para avanzar en el desarrollo y puesta en marcha de cada medida.
Las negociaciones para aplicar el pacto de investidura tendrán una dinámica distinta a la desarrollada para alcanzar el mismo. PP y Ciudadanos ya negocian en la trastienda política, pese a que públicamente se ofrece una imagen de stand by en el diálogo. Prueba de ello es que ambos partidos ya se han reunido y han acordado constituir un grupo de trabajo permanente en el Congreso, para llevar el día a día del trabajo parlamentario, y de los mecanismos de coordinación necesarios para llevar las propuestas de ley al Pleno o las comisiones. Esta comisión es al margen de la interlocución que Rivera y su equipo van a mantener directamente con los ministros.
Fuentes de la formación naranja apuestan por parcelar la negociación de las medidas, de manera que se aborden con el responsable de cada Ministerio, pues consideran que supone un escenario donde pueden tener más influencia y capacidad de persuasión para ponerlas en marcha. Habrá reuniones entre comisiones de ambos lados –cuya temporalidad aún está por fijar– para examinar el cumplimiento y calendario. Pero las líneas maestras y el guion que deberá desarrollar el grupo permanente en el Congreso apuestan por fijarlo cara a cara con los ministros.
Un ejemplo de ello es la reunión que mantuvieron ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de Justicia en el Congreso, José Manuel Villegas, en la que abordaron el compromiso con las reforma del Poder Judicial –que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos directamente por jueces, por ejemplo–, la supresión de los aforamientos, la puesta en marcha de una «estrategia nacional de Justicia», y las partidas presupuestarias que suponen estas exigencias. Ambos representantes acordaron establecer una coordinación directa, según fuentes de C’s.
PP y Ciudadanos han fijado entre 2017 y 2020 un gasto público para un Plan de Modernización de la Justicia de 500 millones (250 en 2017 y 2018, respectivamente) y 700 millones para un Plan de Choque en la Administración de Justicia (100 para 2017 y 200 en los años sucesivos).
El propio Catalá adelantó ayer en TVE que espera que su Ministerio esté en condiciones la próxima primavera de elaborar una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ que refuerce la participación de los jueces en la misma. Habrá que ver si cumplen lo pactado o se suaviza la reforma.
Mientras tanto, el balón rueda. Rivera anunció el compromiso del PP para crear ya una Subcomisión en el Congreso, que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.