ABC – 06/07/16
· El expresidente y las exconsejeras Rigau y Ortega recurren el cierre de la instrucción.
· Como estaba previsto, el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega han recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar la instrucción por la consulta secesionista del 9-N de 2014, dejándoles a las puertas de un juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) y por prevaricación.
Como estaba previsto, las defensas de los tres ex altos cargos de la Generalitat insisten en sus escritos en alegar que la causa tiene «un marcado contenido político» –en alusión a que la Fiscalía General del Estado instó a la Fiscalía Superior catalana a querellarse– y en negar los cargos. Por eso piden que se archive la causa.
El pasado 28 de junio, dos días antes de abandonar el TSJC por decisión personal, el entonces juez instructor del 9-N, Joan Manel Abril, dio por acabada la investigación en un auto al que ahora han recurrido los encausados.
En su recurso, la defensa de Mas concluye que la decisión del TSJC sólo puede alcanzarse desde una «precomprensión» de los hechos que evidencia un «determinado sesgo cognitivo», en alusión a que el magistrado no dio crédito a la versión de los acusados de que el 9-N, tras la suspensión del TC del 4 de noviembre, quedó en manos de ciudadanos voluntarios.
En su escrito, Mas recalca que la Generalitat «interrumpió efectivamente» la organización y gestión de la consulta tras la decisión del TC. Sin embargo, argumenta, lo hicieron «sin hacer dejación de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de las personas, el derecho a la información de los ciudadanos y la gestión de los sistemas informáticos públicos».
Ese es el argumento con el que las defensas pretenden justificar, por ejemplo, que se cedieran los institutos como colegios electorales, ordenadores para el recuento, que se montara una rueda de prensa para informar de los resultados de la consulta, que se asegurara a los voluntarios… o que se continuara con una campaña de promoción de la consulta. Una consulta que tuvo un coste de 1,9 millones para la Generalitat, pese a que el juez instructor –al contrario que la Fiscalía– no acusa a Mas y compañía de malversación de fondos públicos, el único de los tres delitos por los que se le investigó que acarrea penas de cárcel, de 3 a 6 años.
Para la defensa de Mas, cualquier decisión dirigida a aprobar un gasto derivado de la consulta se hizo «de forma justificada, amparado por la legislación y al servicio de una finalidad de innegable interés social».