ABC 07/02/17
· Mas asume ser «responsable de todo» en la consulta pero asegura que no fue advertido de las consecuencias de desobedecer al Tribunal Constitucional
Desde la página 1 Fue el primer capítulo de lo que los partidos independentistas definen como la «movilización permanente» hasta la secesión, un combinado de presión callejera junto a la acción de un gobierno y un Parlament decididos a sacar adelante la «hoja de ruta» incluso por encima de la ley. Ayer en el paseo de Lluís Companys se ofició el primer capítulo de esta estrategia, una comparecencia judicial convertida en un acontecimiento político. En el interior de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el expresidente de la Generalitat Artur Mas y dos de sus consejeras declarando por su supuesta participación en la organización de una consulta ilegal (9 de noviembre de 2014); en el exterior, alentados por el conglomerado independentista de partidos, entidades y la propia Generalitat, miles de enfervorizados seguidores –40.000 según la Guardia Urbana, 16.300 según Sociedad Civil– cumpliendo con su parte de la «hoja de ruta». Solo el primer estadio de lo que está por venir en los próximos meses.
Autocares de toda Cataluña
Tanto en el exterior como en el interior del Palacio de Justicia se cumplió el guión. A pie de calle, la liturgia habitual de los ya cíclicos «días históricos»: autocares llegados de toda Cataluña, «romería» de los políticos para sentir el apoyo de las masas y cientos de banderas al viento, en lo que varias asociaciones de jueces han denunciado como una inaceptable coacción al tribunal. Dentro, los acusados se ciñeron al guión de lo previsto, en una aparentemente contradictoria estrategia de defensa que combina la grandilocuencia de las declaraciones públicas –«lo volveríamos a hacer», en palabras de Mas el domingo– con el intento de la defensa de descargar la responsabilidad de lo sucedido el 9-N en los voluntarios, así como demostrar que los encausados no sabían de las consecuencias y términos exactos de la prohibición de celebrar la consulta ordenada por el Tribunal Constitucional.
Es lo que trató de explicar Mas, que como Irene Rigau, exconsejera de Educación, y Joana Ortega, de Gobernación, solo respondieron a las preguntas de sus abogados. Pasadas las diez de la mañana, y con el notorio enfado