Si piensa poner cortapisas a la libertad de información para regenerar la democracia que, de repente y al cabo de seis años de gobierno, en su opinión acusa síntomas de enfermedad, podría predicar con el ejemplo sometiéndose al control del Parlamento todas las veces que se le requiere y comparecer ante la prensa para responder a sus preguntas en vez de soltar las consabidas arengas contra el principal partido de la oposición. Pero no. El plan va por otro lado. Quien se ha negado a someterse a los debates sobre el Estado de la Nación en el Congreso (sólo uno en seis años) ahora se nos muestra como un abanderado de tal obligación.

No se hablaba ayer de otra cosa en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. De ese plan, del que sólo conocemos los titulares de los capítulos y que pretende intimidar a los medios de comunicación extendiendo un manto de sospecha generalizada para fiscalizar accionistas y audiencias y limitar la publicidad institucional. La oposición le afeó la intención por entender que destila «censura y persecución». Dijo Feijóo. Y como Pedro Sánchez no tolera la crítica, ayer se sacó el comodín de la «oposición avinagrada» para referirse al PP, fundamentalmente, mientras seguía mostrando un cuadro de confusión de comprensión lectora sobre los resultados electorales del 23 de julio del 2023. Cree que por presidir un Gobierno cimentado sobre una transacción de impunidad por votos, las ganó él. ¿Eso no es un bulo?

Se le está olvidando al presidente que el reglamento europeo en el que dice apoyarse para aplicar el plan de control de los medios de comunicación dedica un gran apartado a poner límites al control de los gobiernos sobre los medios públicos. Vaya por Dios. Que carencia más oportuna en el plan de Sánchez. Ni una alusión a la conveniencia de que los gobiernos no pongan sus tentáculos sobre los medios de forma ilimitada. El presidente podrá utilizar a la Unión Europea para justificar su afán de control. Pero no tiene garantías de que sus medidas vayan a ser aprobadas en el Parlamento en donde su debilidad es cada vez más manifiesta. Puede que, si no quiere Puigdemont, entre otros, estas medidas tampoco acaben de ver la luz. Pero Sánchez, en el intento, ya ha dejado una estela de inquietud sobre el derecho a la información, que ya está regulado por la Constitución. Artículo 20. Y el derecho de rectificación, que está contemplado en nuestro Código Penal.

El tercer presidente de EE UU, Thomas Jefferson, dijo que «si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo». Pedro Sánchez está en las antípodas de esta consideración.