Otegi ha recusado a uno de sus miembros, Iñaki Agirreazkuenaga, por el contenido de una entrevista concedida al diario euscaldún Berria. En ella, el catedrático de Derecho de la Universidad del País Vasco opina que la Junta no podrá autorizar su candidatura y que a Otegi sólo le quedaría una actuación urgente del Tribunal de Estrasburgo, que tiene aún en sus manos su recurso sobre el caso Bateragune.
El catedrático aclara en la entrevista que expone su parecer personal, pero ayer Otegi y su abogado, Iñigo Iruin, reprocharon en una rueda de prensa a Agirreazkuenaga que «ejerza como portavoz de la Junta y anticipe el resultado de su decisión». EH Bildu ha recusado al catedrático al considerar una «irregularidad» que conceda entrevistas para hablar del caso Otegi cuando éste todavía no está cerrado, ya que será el lunes cuando la Junta Provincial delibere y tome su decisión definitiva.
«Estas manifestaciones se llevan a cabo antes incluso de que concluya el plazo que la ley otorga a las partes implicadas, en este caso a EH Bildu, para presentar su recurso y las alegaciones pertinentes al acuerdo adoptado por la Junta el 23 de agosto de 2016», apuntó la coalición independentista en un comunicado, señalando con el dedo a Agirreazkuenaga.
«Lo que dice condiciona públicamente al resto de miembros de la Junta», explicó Iruin, siguiendo lo que la víspera había plasmado por escrito en la recusación. «Si ese miembro manifiesta que la decisión es declararle inelegible, está comprometiendo y limitando la capacidad de decisión del resto de miembros, o al menos está tratando de condicionarlos», añadió el abogado del líder abertzale en la rueda de prensa.
El escrito de recusación sostiene que este miembro de la Junta tiene ahora un «interés personal» en que se adopte una concreta decisión –la que él ya ha hecho pública–, por lo que entraría dentro de una de las causas de recusación previstas expresamente en la norma administrativa que regula la actuación de la Junta.
La decisión sobre si se estima o no la recusación corresponde al órgano superior de la Junta Electoral de Guipúzcoa, que es la Junta Electoral del País Vasco. La resolución deberá adoptarse de urgencia, y en todo caso antes de que el lunes la Junta Provincial vuelva a reunirse para fijar su criterio definitivo sobre Otegi.
Al margen de la recusación de Agirreazkuenaga, EH Bildu registró a última hora de la mañana de ayer, apurando el plazo, sus alegaciones contra la resolución inicial de la Junta de considerar «inelegible» a Otegi.
Su argumentación se centra únicamente en una de las dos inhabilitaciones que constaban en la condena del caso Bateragune, la que le retiraba el derecho al sufragio pasivo. El motivo es que es la única inhabilitación esgrimida por la Junta en su resolución del miércoles para justificar por qué impedía la candidatura.
El escrito de Otegi acusa a la Junta Electoral de Guipúzcoa de haber «alterado» la condena de inhabilitación «tal y como fue dictada por la Audiencia Nacional», cambiando su condición de «accesoria» por la de «principal» y modificando con ello «sus efectos».
La representación de Otegi y EH Bildu parte de que la propia sentencia de la Audiencia, conforme a los artículos a los que hacía mención, señala que impone la inhabilitación para ser candidato como una pena de carácter accesorio.
El siguiente paso es citar el artículo del Código Penal y la jurisprudencia del Supremo que dice expresamente que estas accesorias duran lo que dure la principal y acaban cuando ésta acaba.
Así pues, cuando Otegi salió de prisión el pasado 1 de marzo terminaba de cumplir tanto la pena principal de prisión como la accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo.
Según el escrito, cuando la Junta sostiene en su decisión del miércoles que la inhabilitación para ser candidato está vigente hasta febrero de 2021 «convierte la accesoria en principal», y al hacer esa modificación «no respeta el principio de legalidad».
Para apoyar sus tesis sobre las penas accesorias también se citan varios autos del Tribunal Constitucional. Este órgano aún no ha dictado sentencias sobre las penas accesorias, pero sí numerosos autos que resuelven que cuando una principal se suspende, se suspenden también las accesorias que la acompañan.
El escrito contiene algunos otros reproches a la Junta. Entre ellos que para declarar la inelegibilidad se apoye en un apartado de la Ley Electoral previsto para las condenas que no sean firmes, cuando la de Bateragune lo es y tiene su propio apartado en la ley.
En cuanto a la segunda inhabilitación impuesta por la Audiencia Nacional –seis años y medio sin poder ser cargo público–, la representación de Otegi la combatirá en otro escrito que presentará hoy. Será el que dé respuesta a las alegaciones con las que el PP y Ciudadanos pidieron el jueves a la Junta que ratificara su veto inicial a Otegi. A diferencia de la resolución de la Junta, en estos escritos sí se esgrime como motivo de inelegibilidad esta otra inhabilitación.
En este apartado, el razonamiento de Otegi será claro: que reiterada jurisprudencia del Supremo y del Constitucional exige que las condenas precisen claramente los cargos a los que se está inhabilitando al condenado. Como no se hizo así en la sentencia del caso Bateragune, esta parte de la condena no es aplicable. EH Bildu recordará el caso de su parlamentario autonómico Iker Casanova, inhabilitado para cargo público al igual que Otegi pero que puede tener su acta de diputado porque tampoco esa condena de la Audiencia Nacional especificó los puestos a los que no podía acceder.