No hace falta ser expertos juristas para comprender que todo lo que no hubiera sido impedir que fuera el candidato de la izquierda abertzale habría ido en contra de la legalidad. El propio lehendakari Urkullu recordó ayer que los abogados de Otegi, cuando salió de la cárcel en marzo, se cruzaron de brazos en vez de intentar apelar la inhabilitación. Tal es el sentimiento de impunidad que demuestran con cada paso los dirigentes de la antigua Batasuna. Pero la Justicia es igual para todos y, por fortuna, su estricto cumplimiento –y nada más que eso– impedirá de momento que alguien de la catadura de Otegi sea representante de la ciudadanía en el próximo Parlamento Vasco.
Se da por hecho que Bildu recurrirá la decisión ante la Justicia de lo Contencioso-Administrativo, primero, y en su caso, ante el Constitucional, que debería pronunciarse a más tardar el 7 de septiembre. Y como de momento el nombre de Otegi aparece como candidato provisional por el plazo de 48 horas que la Junta Electoral de Guipúzcoa concede para posibles alegaciones, nos parece un acierto la decisión del PP, de Ciudadanos y de UPyD de presentar hoy mismo sus escritos de impugnación para reforzar los argumentos de inhabilitación. Bueno habría sido que los socialistas se hubieran sumado también a esta iniciativa.
Cabe felicitarse por la celeridad con la que han actuado las autoridades competentes, empezando por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que remitió días atrás un escrito a la Junta Electoral en el que se aclaraba sin lugar a dudas por qué Otegi es inelegible. Pero de justicia también es reconocer que han sido las asociaciones de víctimas las que, con tesón, están volcadas desde hace años en que se cumplan las leyes y nadie se cuele por los agujeros de la inhabilitación, como por desgracia ha sucedido en alguna ocasión en el pasado.
Si en el plano jurídico las cosas están tan claras, no podemos obviar la dimensión ética de este nuevo desafío de la izquierda abertzale, una insufrible afrenta a todos los damnificados de ETA, una banda con más de 800 asesinatos en su historial. Ahí se sigue viendo la catadura de estos supuestos conversos hombres de paz. Porque aunque Otegi no estuviera inhabilitado –que por suerte lo está–, provocaría repugnancia que alguien que fue integrante de ETA al menos durante 10 años antes de ser detenido, que fue condenado por secuestro, y que este mismo año acaba de cumplir otra condena de seis años y medio de cárcel por intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de la banda, tenga el cuajo de pretender convertirse en representante de los vascos, y aun en su lehendakari. No sólo no ha mostrado arrepentimiento por una biografía que a cualquiera debiera abochornar, sino que pretende blanquear todo su pasado, así como el sangriento de ETA, por el mero aval en las urnas de sus seguidores.
No se puede pretender pasar de la cárcel por vinculación a banda armada a ocupar un escaño sin solución de continuidad. Por pura estética política y, sobre todo, por exigencia moral. Asquea así, igualmente, que la etarra Elena Beloki cierre la misma lista de Bildu en Guipúzcoa. Es la catadura de quienes demuestran que la renuncia a la violencia es sólo puro tacticismo político, no una convicción ética.
Por todo lo dicho, suponen un despropósito las declaraciones que ayer realizaron algunos dirigentes políticos. Pablo Iglesias lamentó como «una mala noticia» la inelegibilidad de Otegi, que Alberto Garzón, líder de IU, tachó incluso de «cacicada». Y desde la federación vasca de Podemos se exigió que sean los ciudadanos «quienes decidan quién quiere que les represente». Este tipo de reacciones demuestran muy poco respeto por las reglas de juego y por el Estado de Derecho. Pero, además, entristece ver cómo empatizan algunos con los victimarios y su nula sensibilidad hacia las víctimas.