Xavier Vidal Folch-El País
Juega a favor de la normalización que el nuevo Gobierno se propone añadir la actuación política a la firmeza jurídica
Presurizar Cataluña —devolverla a la presión atmosférico/política normal— no es fácil: los márgenes para todos son estrictos (Constitución y Estatut); el reseteo del unilateralismo, arduo; las opiniones públicas están fragmentadas y soliviantadas, y el asunto de los políticos presos, envenenado. Pero juega a favor que el nuevo Gobierno se propone añadir la actuación política a la firmeza jurídica; que con su entronización se desploma para muchos catalanes el falso mito de una España pétrea, antigua e inflexible; que la ciudadanía desea resolver la cuestión catalana.
Previo a resolver es encauzar. ¿Cómo? Mediante medidas de creación de confianza institucionales (intergubernamentales, parlamentarias) y de recuperación de la sintonía social.
Si el Govern declara fehacientemente que toda su actuación respetará a carta cabal la legalidad (aunque se proponga modificarla), o al menos [no la pone en duda verbal y] así lo acredita con hechos. Si devuelve la neutralidad a los espacios públicos oficiales y deja pancartas y lazos amarillos (legítimos, pero para nada universales) al ámbito privado o de los partidos. Si garantiza con denuedo la vigencia en Cataluña de las libertades democráticas, removiendo los obstáculos que las jibarizan, como los boicoteos a actos universitarios o los escraches a líderes de la oposición y los ataques a las sedes de sus partidos. Si emprende todas esas tareas y nacionalistas e indepes vuelven a todos los foros, el espacio para el diálogo se agigantará.
Si el Gobierno facilita el acercamiento de los políticos presos, en consonancia con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU, 4-5-2015). Si aborda una respuesta al grueso (explorable) del memorial reivindicativo de Artur Mas (23 puntos, ampliados a 46 por Carles Puigdemont), pendiente desde julio de 2014, pues el anterior Ejecutivo solo enhebró la respuesta a ¡uno! de los asuntos. Si parlamentariza el debate de la reforma de la financiación autonómica, con luz y taquígrafos, en el Senado (o si se niega, en el Congreso), hoy muy limitada a los expertos. Si impulsa la discusión específica de la cuestión catalana en la existente comisión parlamentaria sobre el balance territorial. Si suceden esas cosas, lo difícil será más fácil.
Parecen dos paquetes. En realidad es uno.