La renuncia del fiscal de Anticorrupción, Manuel Moix, ha supuesto un auténtico varapalo para el Gobierno, incapaz ahora de acallar a quienes señalan al fiscal general del Estado, al ministro de Justicia y al propio presidente como los eslabones superiores de una cadena cuyo presunto objetivo es echar un candado sobre los graves problemas judiciales que afronta el Partido Popular.
Todos los grupos de la oposición exigían ayer responsabilidades y explicaciones a Rafael Catalá, e incluso en el círculo gubernamental, donde la mayoría de sus miembros cerraba filas en torno al titular de Justicia, surgían voces que admitían su «delicada posición» por haber permitido que se extienda la imagen de un poder judicial infiltrado por el Ejecutivo.
La preocupación en Moncloa, pese a la insistencia en recalcar el principio de independencia de jueces y fiscales, punto primero del nuevo argumentario, era ayer palpable.
La posición oficial que ahora mantendrán Moncloa y Génova pasa por dar por zanjado el asunto Moix circunscribiendo su dimisión estrictamente al hecho de que poseía una sociedad offshore en Panamá.
Sin embargo, dentro del Gobierno no todos comparten la sensación de que estos argumentos bastarán para que las aguas vuelvan pronto a su cauce en Justicia. De hecho, hay quienes están convencidos de que, más allá del problema evidente de la sociedad panameña de Moix, el verdadero mal es la percepción pública de una Justicia interceptada por el poder político. Una mancha de aceite que viene extendiéndose desde hace meses y que Catalá «no ha sabido frenar». Se trata, dicen, de una cuestión especialmente inquietante en un momento en el que el Gobierno se afana por trasladar una imagen de regeneración y contundencia en la lucha contra la corrupción.
Quienes así opinan creen que el ministro está en la cuerda floja porque la caída fulminante del fiscal Anticorrupción se suma a la censura tajante que le propinó el Congreso. «Con 207 votos en contra está prácticamente atado de pies y manos; no puede esperar que ninguna de sus iniciativas salga adelante», argumenta un ex miembro del Gobierno del PP que afirma haber asistido «atónito» al viraje que se ha producido, desde el «sí» rotundo de Rajoy proclamando su confianza en Moix «como si éste fuera un miembro de su Gabinete», al desapego absoluto que mostró la vicepresidenta el miércoles en el Congreso, después de que el propio Moix sugiriera en Onda Cero su intención de renunciar al cargo.
Pero, pese al contratiempo que ha supuesto su obligada renuncia, vestida de dimisión irrevocable, el Gobierno no parece cejar en su empeño por controlar la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes gubernamentales ya advertían el miércoles, cuando la cabeza de Moix se daba por rebanada, que sus intenciones seguían intactas: «La Fiscalía es un sitio donde hace falta poner orden». Con su renuncia encima de la mesa, la voluntad política sigue siendo la misma. Lo que está por ver es si es posible ejecutarla.
Las fuentes consultadas por este diario confirman que «se va a intentar» encontrar otro Moix, es decir, otro fiscal decidido a meter en vereda a los miembros de Anticorrupción. En los últimos meses ha sido frecuente escuchar en las filas del PP y del Gobierno cargar contra el trabajo de estos fiscales y sus largas investigaciones y contra el poder de la Policía Judicial. Ayer mismo, fuentes populares aludían al «cachondeo que se traen en la Fiscalía» y se apuntaba a que «son incapaces de acabar investigaciones y sumarios». En este contexto, se percibía a Maza y Moix como dos hombres con el arrojo suficiente para poner fin a esta situación.
En la carrera para lograrlo el ya ex fiscal Anticorrupción se ha quedado por el camino. No sólo hay que ser «implacable», también «impecable», reconocían ayer en el PP. No obstante, el Ejecutivo vincula directamente su caída con los llamados fiscales rebeldes. A ellos, en genérico, se atribuye la filtración de que era propietario de una sociedad (la cuarta parte) con sede en Panamá que, según explicó Moix, heredó de su padre. Al ex jefe de Anticorrupción, mantienen en el Gobierno, «se le ha investigado».
Pese a la derrota que supone su salida, ni en el partido ni en el Gobierno tiran la toalla. «Hay que acabar con el búnquer que la UFP (Unión de Fiscales Progresistas) ha montado allí». Aunque son también muy conscientes de la dificultad de nominar ahora a alguien que no tenga un amplio respaldo en la Fiscalía Anticorrupción. «Encontrar otro Moix no va a ser difícil», conjeturan algunos. «El problema es que acepte». Para ello se sigue confiando en el fiscal general y en su peso específico. En el PP no le consideran un hombre de los que se arredra. Por eso, advierten, «quieren acabar también con él».
En todo caso, el desenlace final del nuevo nombramiento en Anticorrupción va a dar la medida tanto de la fortaleza actual de Maza como del ministro de Justicia. En principio, la confianza en ambos persiste, a la espera de cómo se resuelve la sustitución de Moix. «La cuestión ahora es a quién se nombra», sostienen. En función de eso, será posible extraer conclusiones. En el PP admiten que lo que ha sucedido con el fiscal Anticorrupción «no es lo mejor que le puede pasar» a un ministro de Justicia.