Iglesias se alinea así con quienes quieren impedir al Tribunal Supremo investigar si, como apuntan los indicios, Homs cometió los delitos de prevaricación y desobediencia al ser uno de los organizadores de la consulta pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
El compromiso de votar en contra del suplicatorio salió de un almuerzo entre Puigdemont e Iglesias en Madrid, en un restaurante muy cercano al Congreso, donde el president catalán sacó el asunto para hacerle la petición. Tras escucharlo, el líder de Podemos aceptó. «Estamos en contra de que se lleve a nadie a juicio por poner las urnas», justificaron luego a este diario fuentes de Podemos.
Por lo demás, el encuentro «informal» entre Puigdemont e Iglesias versó de la situación política en Cataluña y España y de la «preocupación» por la posible investidura de Mariano Rajoy. En este contexto, el secretario general de Podemos reiteró ante Puigdemont su apoyo a la celebración de una consulta independentista en Cataluña pactada con el Estado, así como una defensa de «un modelo plurinacional y de fraternidad» que tenga como piedra angular el «derecho a decidir» de los catalanes, según un comunicado oficial.
Por su parte, el president aprovechó la ocasión para explicar en persona a Iglesias su propuesta de «referéndum pactado», que había presentado horas antes en un desayuno informativo en la capital.
En unas breves declaraciones a los periodistas al término del almuerzo recogidas por Efe, Puigdemont dijo que Iglesias conoce «perfectamente» la propuesta del Parlamento catalán. «Es un punto de encuentro de muchos demócratas», subrayó. Asimismo, definió la conversación de «tranquila, relajada y cordial» entre «gente con ganas de intercambiar opiniones sobre las situaciones políticas de Cataluña y España».
En el plano judicial, la acusación popular en la parte del caso del 9-N que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –representada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía– ha considerado que los entonces presidente, Artur Mas; vicepresidenta Joana Ortega, y consejera Irene Rigau pudieron cometer un delito de malversación de fondos públicos, por haber gastado 4,7 millones en dicha consulta pese a estar prohibida. Por ello, reclama una pena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación para cada uno de los procesados.
A diferencia de la Fiscalía, la acusación popular cree probado que hubo un supuesto uso fraudulento de este dinero en facturas y contratos con diversas empresas de suministros informáticos, mensajería, publicidad diseño y el pago a la sociedad pública Cire para hacer las urnas y las papeletas.
A esta cantidad la acusación suma los 2,7 millones de euros que costó comprar los 7.000 ordenadores utilizados para las votaciones y que luego se quedaron en los centros.