EL PACTO político y social para conseguir un sistema educativo estable y eficiente en España es una necesidad ineludible. Son ya muchos años de experiencia en los que los cambios legislativos constantes han impedido desarrollar un modelo equiparable en resultados a los de la mayoría de los países de nuestro entorno y, sobre todo, capaz de aportar progreso a la sociedad. Así lo manifestó José Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander, durante su participación en el foro Educación, esa asignatura pendiente, organizado por EL MUNDO y Expansión, al afirmar que la «prosperidad de las sociedades depende de la fortaleza y la calidad de sus sistemas educativos».
El foro ha contado con la participación de cuatro de los ministros de Educación de la democracia: Gustavo Suárez Pertierra y Ángel Gabilondo, por el PSOE, y Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo, por el PP. Los cuatro políticos se mostraron de acuerdo en que la composición actual del Parlamento puede ayudar a plantearse a fondo esa reforma del sistema educativo. Y a lo largo de sus intervenciones se vio que ahora, al menos, el punto de partida está más claro que nunca: hay «voluntad» de llegar a un acuerdo, como reconocieron todos, dejando al margen cuestiones ideológicas que en otras ocasiones habían impedido cualquier acercamiento.
Los ex ministros reconocieron que ese pacto educativo debe sustentarse sobre tres pilares: primero, el acuerdo debe contar con la sociedad, con todos los agentes implicados en el proceso educativo, sobre todo con las familias. Segundo, el sistema de enseñanza debe rendir cuentas –«lo que no se evalúa se devalúa», dijo Gabilondo– y se debe avanzar en la autonomía de los centros. Tercero, hay que plantear una profunda reforma del modelo de acceso a la carrera docente y de la formación continua del profesorado, porque «los profesores son el factor crítico» en la enseñanza, como afirmó Del Castillo en su intervención. También hubo un cierto consenso en la necesidad de «construir un sistema estable, orientado a la excelencia y que garantice la igualdad de oportunidades», como dijo Gabilondo. Una cuestión con la que estamos de acuerdo porque sin exigencia a los alumnos y a los docentes es implanteable un sistema educativo de calidad.
Pero aunque parezca que el PP y el PSOE están de acuerdo en las líneas básicas, avanzar en ese pacto por la Educación va a ser más difícil de lo que parece, porque las competencias educativas están totalmente descentralizadas. «La cuestión territorial es un problema de primera magnitud», dijo con razón Suárez Pertierra. Tras recordar que el 86% de los presupuestos de la enseñanza están gestionados por las autonomías, añadió que el modelo «no funcionará si no hay un pacto con las autonomías que permita y desarrolle las competencias de cada administración educativa».
En este sentido, hay que recordar que la constitución de la subcomisión parlamentaria que va a estudiar el pacto por la Educación, en diciembre, contó con la abstención de los principales partidos nacionalistas, PNV, PdeCat, ERC y Bildu, ante el miedo a que se legisle «pensando en una única España». Y de estos partidos depende que ese pacto –si llega alguna vez– se aplique en los territorios que gobiernan. Porque lo que está claro es que el principio básico del gran acuerdo debe partir del principio de igualdad de todos los españoles.
Con todo, hemos de felicitarnos porque, por primera vez en la democracia, los dos grandes partidos estén de acuerdo en empezar a andar conjuntamente el camino hacia la reforma del sistema educativo. Labor de todos es ahora que llegue a buen término. La «prosperidad» futura del país está en juego.