Joseba Arregi-El Correo
En el debate del cumplimiento del Estatuto lo que queda claro es que el nacionalismo vasco, todo, sigue imponiendo a la sociedad su problema con el Estado de Derecho y la Constitución
Ha vuelto a la política vasca el debate sobre el cumplimiento del Estatuto. Han vuelto al debate los argumentos ya conocidos, sobre todo el que afirma que el Estatuto es una ley de obligado cumplimiento, y que tras casi 40 años de su aprobación es inaceptable que todavía no se hayan aprobado todas las transferencias previstas en él. Un listado de transferencias del año 1993 que fijaba en 53 las que faltaban por ser transferidas refuerza el argumento del incumplimiento. En el último debate se ha hablado de 37 transferencias pendientes. Estas transferencias están siendo estudiadas y debatidas en las reuniones entre el Gobierno vasco y el central con el fin de establecer un calendario. En este estudio ha interferido la aprobación en el Senado de una resolución pidiendo al Ejecutivo central que no se proceda al establecimiento de dicho calendario.
El debate pone de manifiesto cuestiones fundamentales de la política vasca. Quien más ha contribuido a ello ha sido precisamente el propio Gobierno vasco. Ha reconocido que en el listado de 37 transferencias no es oro todo lo que reluce ni transferencia debida todo lo que se afirma. Se incluyen posibles delegaciones de competencia reservada al poder central que si éste lo considera oportuno puede delegar, que no transferir. Clarificación importante.
Más importante es otro argumento que ofrece el Gobierno vasco por boca de su portavoz: que el catálogo de competencias reclamadas se basa en «materias citadas en el Estatuto de Gernika como en otras materias emergentes que no estaban en la agenda institucional de hace cuatro décadas». Es decir, que el Gobierno vasco no espera a la reforma del Estatuto, ni al nuevo Estatuto o al nuevo Estatus para reformar por vía de declaración de «materias emergentes» el viejo Estatuto de Gernika.
Este argumento de la emergencia de nuevas materias se puede vincular con el argumento de que el desarrollo estatutario no estaba cumpliendo con las expectativas que se abrieron al aprobarlo en referéndum. Las expectativas siempre son de parte nacionalista, sin preguntarse ni interesarse por las expectativas que pudiera haber tenido la otra parte, el Congreso de los diputados que representaba al conjunto de España, por ejemplo que la aprobación del Estatuto sirviera como camino para que ETA dejara de matar al abrirse un nuevo tiempo constitucional, o para que el PNV se integrara en el sistema constitucional, cosas ambas que no se cumplieron.
Todo esto no quita razón a la afirmación de que quedan materias no transferidas y que deben serlo porque lo dice la ley orgánica que es el Estatuto, como son la materia de prisiones y la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ambas en los términos que recogen el Estatuto y la Constitución. Queda dicho.
Un punto de la declaración institucional del Gobierno vasco contiene especial significación. La declaración dice que en el año 1993 hubo una lectura compartida, también por el PP, del Estatuto que fijaba en 53 las competencias sin transferir. El portavoz del Ejecutivo vasco se pregunta: «¿Qué ha ocurrido entre 1993 y 2019 para que el PP se desmarque tan ostensiblemente de una lectura compartida que suscribió sin reservas ni recelos?» El que firma estas líneas no sabe lo que contestará o puede contestar el PP. Pero se le vienen a la mente algunos acontecimientos que pueden explicar lo que al portavoz le parece incomprensible.
El 12 de septiembre de 1998 el PNV firma el Pacto de Estella/Lizarra, pacto en el que los partidos nacionalistas se reservan la capacidad de definir, ellos solos, el futuro político de Euskadi, el País del Estatuto de Gernika, excluyendo a los no nacionalistas. A rebufo de este pacto que desdice lo que da pacto interno a la sociedad vasca tenía el Estatuto, Ibarretxe formula su ya famoso y fallido Plan que se anuncia en septiembre de 2009, se presenta el 25 de octubre de 2003, se aprueba en el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004, con tres votos de Batasuna, y se rechaza en el Congreso de los diputados el 1 de febrero de 2005. Plan de Ibarretxe que primero fue justificado como el único camino para acabar con ETA, y tras las críticas de que ello significaba pagar un precio político, se justificó porque se debía hacer política como si ETA no existiera (¡).
En noviembre de 2018 PNV y BILDU aprueban en el Parlamento vasco un texto en el que denuncian «la base antidemocrática e históricamente falsa» (¿) de la Constitución española, reivindicando que la CE debe «reconocer y articular el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado en una clave federal y/o confederal teniendo que incorporar el texto constitucional el principio de libre determinación». Negación de la fuente de legitimidad del Estatuto de Gernika.
Último ejemplo: las bases para un nuevo estatus que regula las relaciones entre Euskadi y el Estado, España, pactadas entre el PNV y Bildu, en las que se pretende dar forma a todos los pasos previos citados para constituir a Euskadi como Estado que se asocia de igual a igual con España en una Confederación.
Es decir: el PNV ha dado pasos entre el 1993 y 2019 que desdicen el pacto interno a la sociedad vasca que definía al Estatuto de Gernika y pretende convertirlo en algo radicalmente distinto. Las leyes están para cumplirlas. El Estatuto de Gernika deriva su legitimidad de la legitimidad de la Constitución española. Si ésta es ilegítima democráticamente así lo es el Estatuto de Gernika. Si se debe cumplir ésta, se debe cumplir también, no solo acatarla aplicando el pase foral, sino asumiéndola y reconociéndola en su legitimidad, la superior que es la Constitución. Lo que no se puede hacer es jugar al escondite, reclamarse del Estatuto pero negando la Constitución. En el debate del cumplimiento del Estatuto lo que queda claramente de manifiesto es que el nacionalismo vasco, todo él, sigue imponiendo a la sociedad vasca su problema con el Estado de Derecho y la Constitución, impidiendo el acceso a una modernidad plena sin pesos heredados del Antiguo Régimen.