El Correo- TONIA ETXARRI
Sánchez siente muy cerca la oposición de PP y Ciudadanos y, al mismo tiempo, sus socios de investidura elevan el ‘caché’ de su apoyo a las Cuentas
Oadiós al delito de rebelión o Presupuestos. La condición que ayer exigió el representante de ERC Joan Tardá a Pedro Sánchez para apoyarle en el Congreso sitúa al Gobierno socialista en un callejón sin salida. Ni la argucia del presidente para burlar el veto del Senado le garantiza ya la aprobación de sus Cuentas. Se le está llenando el camino de obstáculos. No es solo la oposición del PP y Ciudadanos. Son sus socios de investidura quienes están subiendo el ‘caché’ de su apoyo a los Presupuestos.
La contraprestación que exigen los independentistas catalanes no es negociable. El presidente del Gobierno puede enviar a sus ministros a insinuar mensajes favorables a que los presos independentistas no estén en la cárcel. Como si fuera un deseo, una carta a los Reyes Magos. Ese «yo hubiera preferido» de Josep Borrell, por ejemplo, aunque fuera interpretado como una injerencia en el Poder Judicial. Puede ensalzar que los representantes de la Generalitat acudan a las reuniones de las comisiones bilaterales. Puede, incluso, hacer oídos sordos a las provocaciones de Quim Torra cuando invita a los ciudadanos catalanes a «encender» las calles.
Pero lo que no se puede permitir el presidente de un Gobierno democrático es presionar a la Justicia, entrometerse en sus acciones. Que es lo que le están pidiendo los independentistas que tanto han clamado por la separación de poderes: que presione a la fiscal general para que retire la acusación de rebelión sobre los presos. Mientras la ministra de Hacienda elogiaba que la Generalitat se haya incorporado a las reuniones de las comisiones bilaterales, el vicepresidente del Ejecutivo catalán reconocía que siempre acudirán «a rascar hasta el último euro» pero la situación política en Cataluña no podrá normalizarse hasta que los que están en la carcel o fuera de Cataluña, puedan volver. O, traducido al román paladino de Joan Tardá, si Pedro Sánchez quiere tener Presupuestos, se deberá retirar la acusación de rebelión sobre los presos independentistas. Como si estuviéramos en Venezuela.
El Gobierno, con sus 84 escaños, necesita también los votos de ERC. Ayer Sánchez tuvo un desliz. Condicionado por su afán de apaciguar los ánimos de los secesionistas catalanes, dio por buenos los datos de participación ofrecidos por la Generalitat sobre la farsa del referéndum del 1 de octubre del año pasado. Para decir a Quim Torra que se debe al mandato de las elecciones autonómicas del 21-D en donde participaron un 80% de ciudadanos. Pero la oposición se indignó al ver que admitía los datos del 1-O. Como si hubiese sido un proceso electoral normal cuando todo el mundo recuerda que se trató de un referéndum repleto de anomalías, con gente que votó más de una vez, con trampas en el censo y urnas colocadas en iglesias en donde se hicieron recuentos de papeletas entre rezo y rezo.
Pero este tipo de gestos a los afectados les da igual. No conciben otro diálogo que no aborde el derecho de autodeterminación y el referéndum de independencia. La semana pasada el PDeCAT hizo un intento de aproximación para dialogar con el PSOE «dentro de la ley» pero se tuvo que retirar porque su portavoz quedó desautorizado por Puigdemont. No hay legalidad que les valga si es la española, aunque pidan amparo al Constitucional. Desde la prisión de Lledoners, Raúl Romeva lanzaba un tuit para mantener en guardia a los suyos. Les alertaba sobre la proximidad del juicio. «Adelantémonos a una sentencia injusta y dictémosla nosotros». Y la peña se vino arriba. Moncloa, tenemos un problema.