«El problema no va a desaparecer». Así de claro fue ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al amenazar desde el mismo corazón de Madrid con la celebración sí o sí de un referéndum secesionista en Cataluña y rechazar de plano la propuesta del Gobierno de llevar su demanda a las Cortes y someterla allí, donde reside la soberanía nacional, a debate y votación.
En la conferencia que dio junto a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y su consejero de Exteriores, Raül Romeva, en una sala alquilada en el Ayuntamiento de la capital, Puigdemont no dejó duda de cuál es su plan aun cuando se esforzó por presentarlo como una «enésima invitación» al pacto con el Ejecutivo central. Una invitación que trasladará «de inmediato» y «formalmente» a Rajoy para acordar con él las condiciones de un referéndum que ya advierte de que es irrenunciable. «No engañemos a nadie ni hagamos perder el tiempo que ya no nos sobra», avisó. «Aunque lo intenten», afirmó, «el Estado español no dispone de tanto poder para parar tanta democracia».
El president plantea, en definitiva, «sentarse en una mesa sin condiciones previas, sin límites, sin tópicos, sin apriorismos y sin reproches. Sin amenazas ni subterfugios» para tratar «sobre lo esencial» partiendo del principio de que «el sentido profundo de la democracia va asociado a una urna, a ofrecer voz y voto al pueblo para que sea él quien decida en última instancia».
Y, además, hablar «sin que nadie tenga que responder ante la Justicia por el hecho de proponerlo y sin que nadie mande a la Fiscalía investigar ideas».
Y es que para Puigdemont la Constitución ya es poco menos que papel mojado. «Es necesario», llegó a decir, «huir de visiones sacralizantes de los Estados y su unidad» porque «nada es para siempre y nada es inmutable».
La propuesta que remitirá a Rajoy pasará por ofrecer un pacto sobre la pregunta de la consulta, la fecha de la misma, los requisitos de participación y su validación. Y, si se acepta, él insiste en que no se levantará de la mesa hasta alcanzar el acuerdo. Ésa es su oferta y ya avisa de que es la última: «No habrá muchas más ocasiones de rechazar el diálogo».
Aunque aseguró no «rendirse» en la llamada al pacto, lo cierto es que anunció el final irremediable del mismo: la celebración del referéndum. Y tachó de «estériles esfuerzos dirigidos a impedir que se pueda votar» los argumentos que esgrime el Gobierno, sustentados en el artículo 2 de la Constitución que consagra la unidad de la nación y reside la soberanía en el conjunto de los españoles.
«Queremos dejar claro», dijo para que nadie se llame a engaño, «que jamás renunciaremos a que los ciudadanos catalanes voten para decidir el futuro político de Cataluña si el Gobierno español sigue empeñado en el no a todo». En este punto, quiso lanzar un mensaje a la «sociedad civil española y al conjunto de fuerzas políticas para que hagan suya la vía del acuerdo sincero».
El presidente de la Generalitat se esforzó en negar los problemas que padece Cataluña. Si su vicepresidente, Oriol Junqueras, le precedió en la palabra dibujando un panorama idílico de la economía catalana, él remachó: no hay ruptura social, ni fuga de empresas, ni se persigue a nadie por sus ideas, orígenes, cultura o lengua.
Bien al contrario, dijo, «Cataluña es hoy un ejemplo de sociedad inclusiva y plural que se ha puesto de acuerdo en resolver sus discrepancias en las urnas y aceptar el resultado que de ellas salga». Es, recalcó, «una sociedad felizmente discrepante».
Y frente a ella se erige un Estado caracterizado por su «deriva centralizadora» que «incumple los compromisos adquiridos» e incurre en una «judicialización acelerada» de los representantes y las instituciones catalanas.
«El no a todo es decepcionante», lamentó. «En los juzgados no se hace política. Negar el carácter político de la demanda catalana y fiarlo todo al trabajo de jueces y fiscales sólo incrementa el problema», aseguró.
Puigdemont barajó, cuidadosamente acomodados a su causa, todos los argumentos posibles, incluidas frases del hoy Rey Felipe VI cuando afirmó en 1990 durante una visita a Gerona que «la democracia expresa sus proyectos en las urnas».
«No somos», añadió, «ningún desafío, ningún soufflé, ni una enfermedad, ni somos fruto de un trastorno emocional». En su opinión, lo que sucede hoy en Cataluña es fruto de «la gran frustración de 2010», cuando el Tribunal Constitucional «pulverizó» el Estatut. Fue entonces, explicó, cuando los catalanes «decidieron decidir».
El president se ha definido como el representante de una «corriente de fondo» que «ha renovado el catalanismo mayoritario».
«Esperaremos sus propuestas», afirmó antes de concluir su conferencia. «Esperaremos», añadió lanzándole una vez más el guante a Rajoy, «porque la democracia española y catalana se lo merecen. Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga».
Pero lo que parecía un final flexible se truncó con las últimas frases: «Que no quepa ninguna duda de que, si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Gobierno de Cataluña con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum y será a partir de entonces cuando ofreceremos nuevamente una propuesta de diálogo y de negociación. Pero el objetivo ya no será celebrar el referéndum, sino invitar al Estado español a implementar sus resultados y a contribuir a la transición del nuevo Estado catalán».