En un acto discreto y despojado de cualquier boato, Mariano Rajoy y Albert Rivera sellaron ayer con un apretón de manos un pacto de investidura que permitirá al líder del PP presentarse mañana en el Congreso con el respaldo de 170 diputados. Son a todas luces insuficientes para sacar adelante cualquiera de las dos votaciones de la semana, porque se quedan a seis escaños de la mayoría absoluta, pero al mismo tiempo suponen una de las principales bazas para presionar in extremis a Pedro Sánchez para que facilite la formación de Gobierno mediante una abstención. Así se lo remarcará hoy Rajoy al líder del PSOE en un último intento, en una reunión en la que le preguntará: «¿Quieres que repitamos las elecciones?», dijo ayer.
Por si la amenaza de la convocatoria fuera insuficiente, el pacto entre el PP y Ciudadanos pone en un aprieto a Sánchez porque recoge en sus 150 puntos algunas de las señas de identidad del PSOE en políticas sociales. Muchas de ellas, abanderadas con entusiasmo por los dirigentes socialistas en los últimos tiempos, incluso en movilizaciones en la calle, y que ni siquiera venían contempladas en los programas del PP y C’s. No son, por tanto, sólo guiños. El partido de Rivera pretende arrebatar al PSOE ese discurso y revestirse con una sensibilidad distinta a la de los populares.
En ese amplio paquete de medidas abanderadas por el PSOE, destacan sobre todo la paralización de la reforma educativa del PP –la Lomce– y el impulso de una nueva ley de consenso, la recuperación del gasto público en Educación, Sanidad y dependencia a los niveles previos a los recortes; el regreso a la «universalidad» en la asistencia sanitaria –incorporando de nuevo a los inmigrantes sin papeles–, la dación en pago en los casos en los que no se pueda hacer frente a la hipoteca de la vivienda, un plan de choque contra la pobreza infantil, medidas para paliar la exclusión energética en los hogares más vulnerables, un pacto contra la violencia machista, la gratuidad de los libros de texto o la «revisión» de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana –llamada ley mordaza por sus detractores–.
Todas estas medidas sociales no sólo fueron rubricadas hace cinco meses por el PSOE en su «pacto de Gobierno» con Ciudadanos, sino que además fueron presentadas –entonces con toda la solemnidad– y defendidas por el propio Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso como parte de su programa político durante las dos sesiones del debate de investidura de marzo.
El calado del plan de políticas sociales del acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos, que ambos partidos cifran en una inversión de 28.500 millones en cuatro años, tuvo una primera impresión del PSOE bastante significativa. Los socialistas suspendieron la comparecencia prevista en la que iban a valorar el documento, lo que da pie a interpretar que el paquete social les cogió a contrapié por el alto número de medidas que implican una rectificación de las políticas que venía aplicando el PP.
Consciente de las numerosas similitudes entre los acuerdos cerrados en marzo con el PSOE y ayer de madrugada con el PP –algunas medidas con una redacción prácticamente literal–, Rivera fue quien más explícitamente quiso presentar una aparente contradicción en el PSOE al advertir a Sánchez de que «100 de los 150 puntos» estaban recogidos en el acuerdo que ambos firmaron cinco meses atrás.
«Creo que aquello que avalaron los militantes del PSOE es importante que se ponga en marcha», subrayó el presidente de Ciudadanos, que al igual que Rajoy apeló a la «responsabilidad» del PSOE para no «bloquear» un pacto que está a las puertas –seis escaños– de alcanzar la mayoría absoluta. «Lo que no vale es abstenerse de España, ignorar España», insistió Rivera. Sí advirtió, no obstante, de que la vigencia del acuerdo llega hasta el 2 de septiembre: si Rajoy, que no descartó presentarse a otra investidura, fracasa, C’s se replanteará su apoyo porque se abriría otro escenario.
A pesar de que sin los votos socialistas el pacto entre PP y Ciudadanos está condenado a fracasar y a propiciar una nueva investidura fallida –razón por la que no fue rubricado por los líderes sino por los portavoces parlamentarios–, Rivera se mostró «satisfecho» y sacó pecho por haber llevado al PP a asumir una importante rectificación de sus políticas en materia social. Por ejemplo, en lo que respecta a los planes contra la pobreza, ya sea infantil o de los trabajadores que, pese a tener un empleo, ni siquiera pueden llegar a fin de mes.
Para los niños se compromete hasta 1.000 millones al año, cuando en el pasado el ministro Cristóbal Montoro llegó a arremeter contra Cáritas para negar su alarmante denuncia de afectados. Y para dos millones de trabajadores con rentas bajas se promete hasta 1.300 millones anuales en complementos salariales.
Rajoy asumió públicamente con aparente naturalidad la rectificación en este y otros temas de su acción de Gobierno, aunque lo cierto es que las negociaciones tuvieron que alargarse hasta las 2.20 horas de la madrugada por la concreción de cifras y la redacción de las medidas. «Si alguien pretende que hagamos un acuerdo y nadie quiera desdecirse de nada, sería lisa y llanamente imposible. La esencia del acuerdo es ceder», dijo Rajoy, en un cambio de mentalidad respecto a los años de «rodillo» de mayoría absoluta.
En cuanto a la financiación de todo el paquete social, PP y Ciudadanos esgrimieron en el documento que los 29.000 millones saldrán de la reforma del Impuesto de Sociedades, la recuperación de fondos de la amnistía fiscal y la eliminación de duplicidades administrativas.
Más allá de las políticas sociales, el acuerdo entre Rajoy y Rivera presenta una novedad muy importante. Ciudadanos ha arrancado al PP el compromiso de sentarse por primera vez a discutir de la reforma de la Constitución. Otra de las grandes reivindicaciones del PSOE durante los últimos años. El compromiso es tibio, pero se creará una mesa para discutir qué reformas se pueden incorporar a la Carta Magna. Se tomará como base para empezar a hablar el informe del Consejo de Estado de 2006 y, si en las conversaciones hay visos de acuerdo, se pondría después en marcha una ponencia en el Congreso. Es decir, hablamos de un plazo de tiempo bastante dilatado.
Otro de los puntos destacados del acuerdo tiene que ver con el Senado para transformarlo en una «estricta cámara territorial». La reforma supone una apertura a federalizar lo que hoy es una cámara de segunda lectura, pues se le reconocerá «funciones vinculadas con la articulación y cohesión de le estructura territorial del Estado». Y se cita: la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos. También hay un compromiso para aplicar una «reducción sustancial» del número de senadores.
El pacto aborda una defensa cerrada de la unidad de España y reafirma la determinación de ambos de impedir cualquier referéndum de autodeterminación. Un punto que está por ver si en el futuro pude provocar un conflicto con el PNV.