La guerra civil que sacude al Partido Socialista desde hace meses y que ha explotado con toda su crudeza esta semana partió ayer a la formación en dos mitades a día de hoy irreconciliables. El mismo secretario general, Pedro Sánchez, fue el que primero dividió al PSOE en dos «bandos»: el «bando del no» a Rajoy, en el que se incluyó, y «el bando de la abstención», en el que metió a Felipe González. Lo dijo en una entrevista en la que además preguntó a su principal antagonista interna, Susana Díaz, «en qué bando está».
Después de estas explosivas declaraciones y tras el misil que por la mañana le había lanzado Felipe González –que se mostró indignado con Sánchez porque le había «engañado»–, la presidenta de la Junta de Andalucía decidió disparar toda su artillería y 17 miembros de la Ejecutiva presentaron su dimisión para forzar la salida de Sánchez.
Frente a ellos, el líder del PSOE hizo frente al golpe de mano, apeló a la literalidad de los Estatutos del partido –que no establecen textualmente la disolución de la Ejecutiva– y convocó para hoy a la mitad de la dirección que no ha dimitido. Su intención es celebrar una consulta a los militantes para que le ratifiquen en el puesto con sus votos.
Lo que ocurrió ayer en el PSOE no tiene precedentes en casi 140 años de historia. Medio partido decidió tomar Ferraz al asalto para expulsar de su despacho al secretario general y a toda su Ejecutiva. Fue «un golpe de Estado», en palabras de Susana Sumelzo, miembro de la dirección muy próxima a Pedro Sánchez. O un «movimiento para evitar la desaparición del PSOE», según Jesús Vaquero, número dos del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Lo cierto es que tras el golpe el PSOE se partió en dos. La mitad del partido que provocó la dimisión de los críticos no reconoce la autoridad de la dirección, porque entiende que queda disuelta. Pero no lo hacen así Pedro Sánchez y su equipo, que hoy mismo se reunirán para convocar un Comité Federal que convoque a su vez una consulta a todos los militantes el 23 de octubre para que ellos, con su voto, elijan al nuevo líder.
Tras el golpe de mano estaban seis de los siete presidentes autonómicos socialistas, encabezados por Susana Díaz. Además, dirigentes históricos como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba les apoyan. Al menos la mitad del poder orgánico e institucional del PSOE secundó la dimisión en bloque. Según fuentes de los críticos, Sánchez ya está «completamente loco» y ha provocado que en el PSOE estalle «una guerra civil» en la que él se ha autoincluido en el bando de los buenos y ha «criminalizado a los barones» para situarlos en el bando de los malos.
A primera hora de la tarde, el PSOE de Andalucía (PSOE-A) y las direcciones afines del partido en media España impulsaron que 17 miembros de la Ejecutiva dimitieran en bloque. Estas renuncias, unidas a dos dimisiones anteriores y al fallecimiento de Pedro Zerolo, provocaron que en la dirección del partido se produjeran hasta ayer 20 vacantes de 38, más de la mitad del órgano.
Los que dimitieron son la presidenta del PSOE, Micaela Navarro, además de seis andaluces más: Antonio Pradas, María José Sánchez, Estefanía Martín Palop, Noemí Cruz y los vocales Francisco Pizarro y Juan Pablo Durán. Del PSOE de Castilla-La Mancha dimitieron su presidente, Emiliano García-Page, y Manuela Galiano. Por la Comunidad Valenciana, el jefe de su Ejecutivo autonómico, Ximo Puig. Del PSOE de Madrid se fueron Tomás Gómez, Eva Matarín y Luz Rodríguez. También firmaron su dimisión Carme Chacón (PSC), José Miguel Pérez (Canarias), Carlos Pérez (Aragón) y Ascensión Murillo (Extremadura).
El artículo 36.o de los Estatutos del PSOE establece que «cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal». Los críticos aseguran que desde ese momento queda automáticamente disuelta la Ejecutiva en pleno.
Pero la dirección no lo entiende así. El secretario de Organización, César Luena, compareció a las 19.00 horas para explicar que las dimisiones, que calificó como «muy graves», «un golpe» y «una artimaña», no disuelven la Ejecutiva. De hecho, anunció su reunión para hoy a las 10.30 horas –ya sólo con los afines a Sánchez–, con el fin de convocar para el sábado el Comité Federal.
El máximo órgano de dirección del PSOE entre congresos, si se celebra (para ello necesita que acudan a Ferraz la mitad más uno de sus miembros), ratificará o no la convocatoria de un congreso extraordinario para primeros de diciembre, con una consulta a toda la militancia –por voto directo y secreto– para el 23 de octubre. El número dos del PSOE acusó a «algunos dirigentes» socialistas de intentar «torcer la voluntad de los órganos legítimos respaldados por los militantes».
Luena alegó que «el único órgano competente para disolver cualquier órgano del PSOE es exclusivamente la Comisión Ejecutiva Federal». El dirigente socialista utilizó estos argumentos para asegurar que la Ejecutiva no queda disuelta y que Pedro Sánchez sigue siendo el líder del PSOE «elegido por los militantes». «En definitiva, llegamos a la convocatoria de un Congreso Federal para que voten los militantes, que es lo que lleva defendiendo esta Ejecutiva desde inicios de semana», sentenció.
Tras Luena, habló el secretario de Política Federal y hasta ayer número tres del PSOE, el sevillano Antonio Pradas, que explicó que los críticos no reconocen a la dirección ni al secretario general. Por tanto, la Ejecutiva no está «legitimada» porque ha quedado disuelta, dijo. Pradas explicó que Luena «no puede hacer de juez y parte y convocar una Ejecutiva que no puede convocar; el reglamento está para cumplirlo».
Los críticos pretenden que hoy se reúna la Comisión Federal de Garantías para que analice la situación. Este órgano, compuesto por cinco personas, tiene mayoría de partidarios de Susana Díaz (tres), entre ellos el que fue abogado de Tomás Gómez, Wilfredo Jurado. Fuentes de las federaciones hostiles dan por hecho que su dictamen será contrario a las tesis de Ferraz y darán por disuelta la Ejecutiva. Sin embargo, su convocatoria de hoy podría ser nula.
La Comisión de Garantías –la instancia superior a la que pueden acudir todos los militantes– debe ser convocada por su presidente y su secretario, como señala su reglamento de funcionamiento. Sin embargo, ayer la convocó la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, porque también es presidenta de la Mesa del Comité Federal. Ferraz alega, por tanto, que la Comisión no ha sido convocada legalmente. De hecho, sólo acudirán los tres miembros afines a Díaz. No irán ni la presidenta del órgano, Isabel Celáa, ni el secretario, Félix Bolaños, según fuentes socialistas.
Los críticos aseguran que aunque no conste en los Estatutos que la dimisión de la mitad de la dirección debe conllevar la constitución de una gestora, así se ha hecho en ocasiones anteriores. Ocurrió en 2000, cuando dimitió Joaquín Almunia. Y pasó en el PSOE de Castilla y León cuando salió la mitad más uno de la Ejecutiva regional para tumbar al secretario general, entonces Julio Villarrubia.
Fuentes próximas a Sánchez rechazan los dos antecedentes. El primero porque fue fruto de «un acuerdo político» de todo el partido tras la marcha de Almunia. Y el segundo porque fue la Ejecutiva Federal la que disolvió la dirección castellano-leonesa. Y Ferraz tiene facultades para hacerlo, como hizo también con el PSOE-M que dirigía Tomás Gómez.