LOS JURISTAS a los que expresamente he consultado, coinciden en subrayar que el pobre Arturo Mas, Carlos Puigdemont y sus cómplices han cometido un delito de sedición y continúan haciéndolo. El Código Penal no puede ser más claro y explícito. Rajoy y sus ministros han jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. En lugar de concesiones, invitaciones, sonrisas y merengosidades, la obligación de los gobernantes del PP consiste en descargar sobre los sediciosos, dentro de la ley y sin sobrepasar la ley, todo el peso del Estado de Derecho.
El general Milans del Bosch sacó los tanques a las calles valencianas apoyando la atrocidad de un golpe de Estado que pretendía restaurar la dictadura franquista. Juan Carlos I ordenó a los militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad. El Gobierno Calvo-Sotelo procedió contra los golpistas. No sabemos si Puigdemont, Mas y sus cómplices estarían dispuestos a esgrimir los carros de combate en las calles porque carecen de ellos. Lo que está claro es que han puesto en marcha un golpe de Estado incruento. Son unos golpistas. Jiménez Losantos fue el primero en calificarlos por su nombre sin eufemismos ni veladuras. Les llamó abierta y claramente golpistas; golpistas que pretenden descuartizar España, mofarse de su Constitución y secesionar a Cataluña de la patria común e indivisible. Eufemismos aparte, ya va siendo hora de que los medios de comunicación califiquen a Carlos Puigdemont, al pobre Arturo Mas y a sus lacayos, con los calificativos que objetivamente les corresponden: sediciosos y golpistas. También va siendo hora de que el Gobierno Rajoy abandone blandenguerías y debilidades, atendiendo a su deber de hacer cumplir la ley.
Ni Cartagena ni La Rioja ni Cantabria ni Cataluña pueden ejercer otro derecho a decidir que el establecido por la Constitución aprobada en 1978 por la voluntad general libremente expresada de los españoles, entre ellos los catalanes, libres e iguales todos ante la ley. Nuestra Constitución es ejemplarmente democrática, además de abierta y reformable. El artículo 168 obliga al pobre Arturo Mas y a Carlos Puigdemont a presentar su propuesta secesionista en el Congreso. Si consiguen el apoyo de un mínimo de los dos tercios de los diputados, el asunto pasaría al Senado. Los senadores tendrían que respaldar la pretensión secesionista también por dos tercios. A continuación, el artículo 168 exige la convocatoria inmediata de elecciones generales. Los nuevos Congreso y Senado que de esas elecciones deriven, deberán aprobar la propuesta independentista por dos tercios. Y si así fuera, se sometería a referéndum nacional, en el que todos los españoles, y entre ellos los catalanes, ejercerían su derecho a decidir.
Las cautelas establecidas para aprobar el despedazamiento de España son las mínimas que se deben exigir en una nación que lleva más de 500 años unida, respaldada esa unidad por el sufragio universal de los siglos. Son muchos los políticos que desde la responsabilidad opinan que deben terminarse las contemplaciones. Algunos secesionistas catalanes se han instalado en la sedición y el golpe de Estado. Y el Gobierno tiene el deber de darles la respuesta adecuada.