EL PAÍS 14/03/17
EDITORIAL
· El tribunal catalán condena a Mas por desobedecer, no por “poner las urnas”
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó este lunes al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeras, por desobedecer al Tribunal Constitucional en la consulta del 9-N de 2014. Por desobedecer, no por poner las urnas, ni por cumplir ningún mandato democrático. Hasta la Comisión de Venecia del Consejo de Europa —crítica con la nueva legislación sobre el TC español— recuerda que acatar las resoluciones judiciales es el primer mandato de un demócrata. Así que, contra las leyendas secesionistas, el TSJC no se ha demorado para esperar la sentencia del Supremo sobre el hoy diputado Francesc Homs, en igual convocatoria: ha ido rápido, cuatro semanas. Y ha dictado penas distintas para los tres condenados, para desgracia de los que buscan desacreditar ex-ante la futura resolución de Madrid sobre Homs, que se prevé más dura porque dejó más trazas —y más estentóreas— de su desobediencia.
Los tres condenados interpondrán recurso hasta la máxima instancia (el Tribunal de Estrasburgo). Es perfectamente legítimo y democrático, e incluso su deber si consideran que los aspectos más discutibles de la sentencia del TSJC la hacen vulnerable en la escala jerárquica judicial.
Más allá de lo estrictamente judicial, puede preverse que los efectos políticos de la resolución sean notorios. Por un lado, el recordatorio de que las leyes deben ser obedecidas —y los tribunales, acatados— no es ocioso en una sociedad como la catalana en la que algunos elogian la desobediencia. Por otro, al rechazar el delito de prevaricación (castigado con penas más largas) el tribunal revela una mayor ponderación de la que le atribuyen —a él y a todo el sistema judicial “del Estado”— los secesionistas.
El principal efecto será el de imposibilitar a Mas su presencia en la próxima convocatoria electoral catalana. Ello no quiebra su carrera política, pues ya estaba seriamente perjudicada por los casos de corrupción (el saqueo del Palau, las comisiones del 3% a Convergència), aunque es susceptible de representar la puntilla. Por cruel ironía de la vida, eso molestará tanto a quien se ha presentado ante sus conciudadanos como su Moisés, su Mandela o su Luther King —sin siquiera ruborizarse— como ya regocija discretamente a los nuevos dirigentes de su partido, deseosos de librarse del pesado lastre del pasado.
Otra cosa es el efecto que pueda tener este episodio sobre el procés, la ruptura exprés y el referéndum secesionista ilegal. Aunque la mayoría de sus protagonistas reaccionó en clave catastrofista, algunos —más responsables o con más futuro— extremarán las precauciones, tras verificar que “el Estado” no se resigna al cliché de tigre de papel que le atribuían.
Pero todo dependerá al cabo de si el Gobierno es capaz, en medio del desierto, de lanzar alguna iniciativa de calado. Primero, para tratar de cerrar políticamente o superar en lo posible la herida jurídica que acaba de encajar la élite nacionalista catalana. Segundo, para poner sobre la mesa toda su capacidad de influencia (y razonamiento) que disuada al Gobierno de Carles Puigdemont de dar nuevos pasos en falso. Y tercero, para proyectar la reconducción de los problemas políticos, ahora alojados en los tribunales, al terreno del que nunca debieron salir: la política.