EL MUNDO – 28/05/17
· El hombre más rico del mundo convoca la junta de accionistas en Madrid tras eliminar de los estatutos la garantía de domicilio social catalán.
· Horas antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intentara el jueves tranquilizar –con nulo éxito– a los empresarios catalanes en la reunión del Círculo de Economía de Sitges sobre sus disparatados planes, la constructora FCC enviaba un hecho relevante a la CNMV.
La emblemática constructora catalana propiedad del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, convocaba junta de accionistas en… Madrid. Por segunda vez en su historia convoca a sus socios en la capital de España. La primera fue en 2015 nada más desembarcar el mexicano en FCC tras su acuerdo con Esther Koplowitz y, desde entonces, ha marcado que, como mínimo, uno de cada dos años las juntas de accionistas no sean ya en Barcelona. La versión oficial son razones de ahorro, pero a este gesto, jamás tomado por Koplowitz, hay que añadir un cambio significativo que ha pasado inadvertido. El artículo 4 de los estatutos sociales de FCC ya no es el mismo de antes. Mantiene que la sede social está en la calle Balmes número 36 de Barcelona, pero con este añadido: «El Consejo de Administración queda facultado para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional». Y deja claro que la nación en la que opera FCC, con 50.000 empleados, es España.
Tal cambio de estatutos, aprobado con sordina en la última junta de accionistas, se completa con un plan interno de segregar el negocio catalán en caso de secesión. «En esa eventualidad está todo preparado», afirma un veterano ejecutivo. «Slim no entiende ni le gusta el proceso secesionista», asegura una fuente próxima a él. Tiene importante carga simbólica, porque Slim no es un inversor cualquiera y FCC, aún con sus problemas de deuda, es uno de los grupos más implantados en Cataluña con un pasado, por cierto, pendiente de desenlace judicial por sus pagos a, entre otros, Jordi Pujol Ferrusola.
La redacción de los estatutos de FCC están en línea con otras empresas catalanas y con la ya aprobada por la Caixa cuando se transformó en fundación en 2014. El mexicano se convirtió en patrono y pudo ver cómo Isidro Fainé, suprimió del texto que la sede de la Caixa siga «en cualquier caso» en Barcelona. El diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardá, criticó el día 10 en TVE la posición de Fainé: «Si la Caixa quisiera la independencia de Cataluña, quizá ya la tendríamos». El poder económico catalán no la quiere.
«Si Puigdemont toma medidas en dirección al choque haremos algo de nuevo», asegura un importante banquero catalán.
Tanto los presidentes de CaixaBank, Jordi Gual, como el del Sabadell, Josep Oliu, han compartido en Sitges su rechazo a la independencia y ya suscribieron el célebre comunicado de 2015 advirtiendo que en tal caso trasladarían sus sedes al resto de España. Lógico dado que fuera del Estado, los depósitos de sus clientes ya no estarían garantizados por el Fondo de Garantía y sus propias entidades perderían acceso al oxígeno vital del Banco Central Europeo. CaixaBank y Sabadell figuran en la directiva de la asociación del Círculo de Economía cuyo presidente, Juan José Brugera, ha sido claro al decir a la cara a Carles Puigdemont su deseo de frenar el referéndum y limitarse a una tercera vía que mejore el encaje económico y político de Cataluña en España.
Es impresentable que se haya llegado a esta espiral en un momento en que, como dijo en Sitges el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, aún es necesario «consolidar la recuperación económica» tras «la crisis más profunda de la historia del país».
El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, asume que ha llegado el momento de «aplicar la ley», aunque pide que se haga «con inteligencia y generosidad».
El poder económico catalán abomina de Puigdemont, pero teme a la vez que Rajoy tome medidas desproporcionadas que den alas a los independentistas. SorayaSáenz de Santamaría sostiene en sus viajes a Barcelona que quieren evitar ese efecto, pero que para ello es necesario que la sociedad civil catalana, incluidos los empresarios, contribuyan a aislar a Puigdemont. También conviene, según su análisis, que los medios catalanes más influyentes no apoyen a la Generalitat.
Rajoy, por su parte, recibió ayer otro rapapolvo en Sitges por poner un muro en Cataluña, mientras pacta con el astuto PNV devolver a Euskadi otros 1.400 millones por si no tuvieran ya poco Cupo. El gallego, irritado, advirtió contra la «equidistancia» y se acerca el choque en esta España tan incomprensible para pragmáticos como Slim.
EL MUNDO – 28/05/17