ANÁLISIS TONIA ETXARRI-El Correo
La citación del juez Llarena cayó como un mazazo en el bloque independentista
Turull es el ‘testaferro’ del núcleo duro de Waterloo para sostener el pulso al Estado
El plan C de los independentistas catalanes ha chocado, como los dos anteriores, con el ‘iceberg’ de la Justicia. Primero Puigdemont, fugado porque no se atrevió a dar la cara, después Jordi Sànchez, que ha renunciado desde la presión a seguir en política y, ahora, Jordi Turull, que es el ‘testaferro’ del núcleo duro de Waterloo para seguir planteando su pulso al Estado. La citación del juez Llarena a los investigados por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos para mañana provocó una sacudida de tal intensidad en la hoja de ruta de los independentistas que ayer les entraron las prisas y negociaron a contrarreloj forzar para hoy mismo un pleno de investidura ‘exprés’ en el Parlament. Sin reparar en las formas. Saltándose el reglamento. Porque el presidente de la Cámara, Roger Torrent, que debe realizar primero una ronda de contactos para proponer al candidato a la Presidencia de la Generalitat, tuvo que hacer las consultas pertinentes a través del teléfono. Lo que más les urgía era anticiparse a la Justicia. Para que el juez del Tribunal Supremo, cuando comunique mañana su auto de procesamiento a Turull, ya no sea a un candidato a ser investido sino al president del Gobierno catalán. En carne y hueso. Todo un golpe de efecto de los que quisieron dar un golpe a la Constitución si consiguen que finalmente la CUP acceda a facilitar la designación de su candidato y, en el pleno del Parlament de hoy, logran que la jugada les salga tal y como ayer la improvisaron.
La citación del juez Llarena cayó como un mazazo en los partidos independentistas en una tarde de movimientos y especulaciones en la que tan pronto el nombre de Jordi Turull aparecía como el candidato con mayúsculas o su opción se mezclaba con la de Elsa Artadi, que de nuevo reaparecía en la escena, o el propio convergente Albert Batet.
Pero a nadie se le escapa que el plan C de los independentistas tiene fecha de caducidad. Con Turull se desbloquearía la agenda institucional. Si logra salir elegido presidente en el Parlament y forma gobierno, el artículo 155 decaería. Con toda seguridad. Y facilitaría, entre otras cosas, la negociación entre el PNV y el Gobierno del PP sobre los Presupuestos. Pero se trata de una opción de poco recorrido por las propias circunstancias del personaje.
El prófugo Puigdemont, que lleva tres meses torpedeando el inicio de la legislatura con propuestas de candidatos imposibles porque se resiste a desaparecer de la escena, ya sabía a qué se atenía al presentar sus opciones con aspirantes que tienen cuentas pendientes con la Justicia.
Y a Turull, como los otros cinco citados a declarar mañana, se le va a comunicar el auto de procesamiento. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los procesados por rebelión que se encuentren en prisión provisional quedan automáticamente inhabilitados para el ejercicio de cargo público. No es el caso de Turull que, hoy por hoy, se encuentra en libertad bajo fianza. Pero sus compañeros de partido se temían ayer que después de la notificación de su procesamiento quedara inhabilitado y no pudiera ser investido. Aunque no se diera esa situación de forma inminente, su causa pendiente con la Justicia le impediría garantizar un gobierno estable en Cataluña. Quizás haya que fijarse en quién va a recaer la responsabilidad de ser vicepresidente del Gobierno de Cataluña. Cuando tenga que apartarse el hombre de Puigdemont.