EDITORIAL – EL MUNDO – 28/01/17
· Las gravísimas e inquietantes revelaciones de Santi Vidal, juez suspendido y desde ayer ex senador de ERC, constituyen un escándalo mayúsculo que exige la depuración de responsabilidades y explicaciones al detalle por parte del Gobierno de Puigdemont. Vidal desveló prácticas secretas e ilegales de la Generalitat para impulsar el proceso independentista. Y ante tamaña confesión no cabe echar balones, como ayer hizo la portavoz del Govern; ni tampoco desacreditar al susodicho por su incontinencia verbal, tal como hizo Esquerra. La Fiscalía de Cataluña acierta al abrir diligencias para investigar las palabras de Vidal. Pero, desde el punto de vista institucional, la obligación de Puigdemont y Junqueras es comparecer en el Parlament para dar cuenta de las revelaciones de quien hasta hace 24 horas era su correligionario.
Lo primero que merece la pena subrayar es que Santi Vidal no es un personaje menor en el entramado soberanista. En 2015, el Consejo General del Poder Judicial le suspendió por tres años al considerarle responsable de una falta disciplinaria muy grave por haber participado en la redacción de una Constitución catalana. Junto a Carles Viver i Pi-Sunyer, presidente del Consejo Nacional para la Transición, se ha erigido en uno de los principales arquitectos jurídicos del proceso secesionista. Por tanto, sus palabras pueden responder o no a la verdad, pero sí son verosímiles en la medida que proceden de una persona que ha estado en el cogollo de las decisiones del independentismo catalán.
En una conferencia enmarcada en un ciclo que arrancó el 24 de noviembre de 2016, Santi Vidal aseguró que la Generalitat dispone de los datos fiscales de los catalanes tras obtenerlos de forma ilegal violando la Ley de Protección de Datos que rige en todo el Estado. Además, desveló que las autoridades catalanas saben cuantos de los 801 jueces que ejercen en Cataluña son afines al independentismo. Y añadió que existe una partida camuflada de 400 millones en los Presupuestos de la Generalitat destinada a la creación de las estructuras de Estado.
Las declaraciones de Vidal no son fruto de un arrebato coyuntural. Lleva varios meses, al menos desde noviembre, jactándose en público de que la independencia de Cataluña bien vale vulnerar la legalidad. Una afirmación impropia de cualquier responsable político –Vidal era senador de ERC desde 2015–, pero más aún en alguien cuya carrera está consagrada al ejercicio de la magistratura.
En todo caso, su revelación pone en evidencia en manos de qué clase de irresponsables se encuentra el llamado procés. Porque por mucho que las formaciones independentistas y sus satélites mediáticos se esfuercen ahora en vilipendiar la figura de Vidal como si fuera un espontáneo en lapolítica catalana, la realidad es que se trata de un asesor jurídico de primer nivel de la Generalitat. Y sus revelaciones concuerdan con la línea frentista y rupturista del Govern desde que en 2012 decidió desbordar el marco autonómico.
De ahí la estrategia de desobediencia que permea la acción política de la Generalitat, que incluye la amenaza de una nueva consulta, la creación de una Agencia Tributaria propia y la presión política a los Mossos. El propio ex president Artur Mas será juzgado el 6 de febrero por saltarse a los tribunales en la organización de la pseudoconsulta del 9-N. Si el jefe de Gobierno en Cataluña no respetó la legalidad, no parece descabellado pensar en otro tipo de irregularidades en la Generalitat. Tampoco que en el futuro se elaboren listas de buenos y malos catalanes, a imagen y semejanza del sesgo con el que el separatismo catalán trata a los jueces.
Utilizar datos fiscales con fines políticos supone una práctica ilegal del todo inadmisible. Pero hacerlo además tras haberlos obtenido, presuntamente, con métodos que vulneran la legalidad supone un punto de inflexión en la ya de por sí irresponsable carrera del independentismo. El Ministerio Público señaló en su comunicado de ayer que, de confirmarse lo expresado por Vidal, la Generalitat habría incurrido en varios delitos de descubrimiento y de revelación de secretos. No basta, por tanto, con la dimisión de Vidal. Puigdemont y Junqueras deben disipar cualquier sombra de sospecha.
EDITORIAL – EL MUNDO – 28/01/17