¿Qué hay de malo?

Iñaki Ezkerra, ABC, 6/4/12

Si se nos obliga a los ciudadanos a apretarnos el cinturón, ¿por qué no se les va a obligar a los
gobiernos autonómicos?

EL artículo 35 de nuestra Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho al trabajo, y el 47 que tenemos derecho a una vivienda digna. El hecho de que en nuestro país haya cinco millones de parados y 300.000 familias desahuciadas no ha llevado, sin embargo, a nadie a la ocurrencia de modificar el texto constitucional. Ni tampoco ha llevado a ningún político ni a ningún columnista a exclamar: «¡Ya decía yo en 1978 que estábamos aprobando irresponsablemente un texto condenado de antemano a su incumplimiento!». Hago esta observación por quienes están magnificando en estos días la supuesta gravedad que pueda tener el hecho de que los Presupuestos presentados por el Gobierno para el 2012 incumplan los compromisos de inversión adquiridos con Cataluña y Andalucía en sus respectivas reformas estatutarias.

No pretendo justificar, con ese ejemplo, dichas reformas. No quiero entrar ahora en ese debate. En lo que sí entro es en la apocalíptica, curiosa y contradictoria sobrevaloración que, paradójicamente, hacen de esos acuerdos estatutarios muchos de sus detractores. ¿Por qué les parecen más inviolables y sagrados que los compromisos constitucionales los estatutarios, que a la vez dicen denostar? ¿Por qué el incumplimiento de unos Estatutos retocados polémicamente es más grave y tendrá peores consecuencias políticas que el incumplimiento de una Constitución aprobada con muy superior consenso e intocada desde entonces? ¿Es que los más acérrimos enemigos de la descentralización autonómica creen ahora en el concepto nacionalista de «derechos colectivos», y anteponen éstos a los individuales como los propios nacionalismos?

Yo creo que no es hora ni de hacer lo que hacen la izquierda y los nacionalistas comportándose como el idiota de la familia que propone, en una situación de ruina, seguir tirando la casa por la ventana, ni de tirarnos los trastos a la cabeza porque unos han convertido en norma y en ley ese caro tren de vida sin que otros hayamos sabido impedirlo. No es hora, ni de desafiar al Gobierno porque no ha heredado un Estado rico, ni de hacer una tragedia porque hay unas leyes que se votaron para una época de riqueza. No es hora ni de tomar por irreversibles los pactos del despilfarro de Zapatero, ni de meter en el mismo saco del socialismo andaluz a un político pragmático como Arenas, que no pudo poner en el Estatuto de su Comunidad la sensatez deseable, pero que ha creado en ella un partido de la nada que hoy representa el autonomismo posibilista y sensato. Es hora de adaptarse a lo que hay y de actuar con naturalidad. Si se nos obliga a los ciudadanos a apretarnos el cinturón, ¿por qué no se les va a obligar a los gobiernos autonómicos? «¿Qué hay de malo en ello?», como decía Ibarretxe cuando nos proponía su entrañable Estado Libre Asociado.