El acuerdo aprobado ayer por el Congreso va a tener problemas de aplicación porque no depende sólo de la voluntad del Gobierno, sino que a menudo la última palabra la tienen las comunidades autónomas. En algunos lugares, las fosas de la Guerra Civil están consideradas yacimientos arqueológicos y su excavación debe seguir las normas sobre patrimonio histórico.
Un acuerdo entre IU-ICV y el PSOE hizo posible la aprobación ayer en el Congreso de una modificación de la ley de la Memoria Histórica para que las administraciones se responsabilicen de las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil. Ahora habrá que ver cómo se materializa ese compromiso.
Las administraciones optaron hasta ahora por la política de conceder subvenciones y dejar que fueran organizaciones particulares las encargadas de realizar las tareas de localización, excavación y recuperación. Pero esa fórmula había tocado techo. Profesionales que llevan años trabajando en la recuperación de los cuerpos enterrados en fosas comunes advierten de la dispersión de esfuerzos, de la falta de relación entre las importantes cantidades que aportan las administraciones y los limitados resultados que se obtienen y de la existencia de más voluntad que resultados.
Frente a esa dispersión de esfuerzos, haría falta la creación por parte del Gobierno de un grupo de profesionales cualificados que se responsabilizaría de realizar los trabajos necesarios para localizar y recuperar los restos de las víctimas, identificarlas y entregarlas a las familias. Uno de los arqueólogos más experimentados en la exhumación de fosas de la Guerra Civil, Javier Ortiz Lejarza, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha escrito que «debería ser el Gobierno español el encargado de realizar esta labor en vez de dejar, como hasta la fecha, esta responsabilidad en manos de voluntarios donde en muchos casos priman los intereses personales y/o partidistas y en las cuales sus técnicos no están preparados ni cualificados profesionalmente para realizar una labor de esta envergadura».
En este campo tampoco es necesario inventar nada, sino fijarse en los modelos que funcionan. Un modelo adecuado podría ser el Equipo Argentino de Antropología Forense, que desde 1984 está trabajando con éxito en la localización e identificación de los desaparecidos durante la dictadura militar y de los hijos que fueron robados a sus padres. El Equipo Argentino, que funciona como una ONG y obtiene financiación de fundaciones y gobiernos de diversos países, goza de gran prestigio internacional y ha sido llamado para realizar trabajos similares en numerosas naciones. Arqueólogos, forenses, especialistas en genética y otros profesionales trabajan con métodos científicos obteniendo los importantes resultados que les han granjeado fama más allá de las fronteras argentinas.
El acuerdo aprobado ayer por el Congreso va a tener, sin embargo, problemas de aplicación porque no depende sólo de la voluntad del Gobierno, sino que a menudo la última palabra la tienen las comunidades autónomas con las que habrá de coordinarse. En algunos lugares, por ejemplo, en Aragón, las fosas de la Guerra Civil están consideradas yacimientos arqueológicos y su excavación debe seguir las directrices de las normas sobre patrimonio histórico.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 12/5/2010