Los buenos resultados de Bildu le enfrentan a dos retos: demostrar que tiene la cohesión suficiente para cubrir las lagunas programáticas que ha evidenciado y, sobre todo, dar satisfacción a la exigencia de que ninguno de sus electos favorezca la persistencia de la amenaza etarra y que contribuyan activamente a ponerle fin cuanto antes.
Las elecciones municipales y autonómicas certificaron la victoria sin paliativos del Partido Popular que auguraban las encuestas frente a un PSOE que se mostró incapaz de mantener la confianza de su electorado y activarlo para minimizar la envergadura del cambio político. Con una participación dos puntos superior a la que tuvo lugar en 2007, los diez puntos de ventaja obtenidos por los populares respecto a los socialistas obedecen fundamentalmente al cansancio frente al Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero también responden a un voto de confianza al cambio que encarna Mariano Rajoy. Por otra parte es posible que la atención suscitada por el Movimiento 15 M contribuyese a animar la afluencia a las urnas. El panorama institucional resultante concede al PP la mayor parte del poder territorial y local en España, y obliga a Rodríguez Zapatero a replantearse su anuncio de que, pasase lo que pasase el 22 de mayo, iba a agotar la legislatura. Con el veredicto ciudadano de ayer le será difícil demostrar que la continuidad de su mandato es mejor para los ciudadanos y para el impulso y aplicación de las reformas que precisa nuestra economía que el adelanto de los comicios generales para despejar cuanto antes el horizonte político de los próximos años y favorecer de este modo la recuperación.
El panorama resultante en Euskadi ofrece un cambio propiciado por la exitosa irrupción de Bildu por un lado y por los efectos que el decaimiento del ánimo socialista ha tenido entre los seguidores del PSE-EE. Esto último ha impedido que la alianza establecida entre socialistas y populares para el gobierno de Euskadi se mostrase capaz de mantener su particular pulso con el PNV y de contener la recuperación institucional del nacionalismo en su conjunto gracias a la incorporación de la coalición Bildu al escenario público. El sistema de partidos se ve simplificado en torno a esas cuatro principales fuerzas. Pero la consecuencia inmediata es un mapa político territorialmente heterogéneo que dificulta tanto la conformación de alianzas que pudieran gobernar un gran número de instituciones como la consecución de acuerdos estables en muchas de ellas. Los electores han dejado claro quién deberá dirigir los ayuntamientos de Bilbao y de Vitoria o la Diputación de Bizkaia, pero han transferido a los propios partidos la responsabilidad de ponerse de acuerdo para gobernar Gipuzkoa, Álava o el Ayuntamiento de Donostia. Una tarea que las principales formaciones deberán acometer con la especial responsabilidad que acarrea afrontar la gobernación local y foral con la ineludible necesidad de aplicar políticas de ajuste y redistribución presupuestaria.
Bildu fue ayer capaz de movilizar el voto tradicional de la izquierda abertzale sumándolo a las fidelidades que EA preservaba en distintos municipios para añadir además el favor de nuevas adhesiones. El resultado convierte a la coalición en la segunda fuerza de Euskadi y en referente institucional ineludible. Pero ello le enfrenta a dos retos: demostrar que se trata de una plataforma suficientemente cohesionada como para cubrir de inmediato las lagunas programáticas que ha evidenciado tras la proclamación de sus candidaturas y, sobre todo, la de dar satisfacción a la exigencia ciudadana y legal no solo para que ninguno de sus electos favorezca directa o indirectamente la persistencia de la amenaza etarra sino para que contribuyan activamente a ponerle fin cuanto antes. Si Bildu logró el plácet del Tribunal Constitucional después de realizar un esfuerzo de mínimos a ese respecto, parece obligado que las otras tres formaciones principales del nuevo panorama vasco le exijan un mayor compromiso frente a ETA antes de compartir eventuales acuerdos.
Editorial en EL DIARIO VASCO, 23/5/2011